Memorial. Familiares de los mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos realizaron una misa frente a las oficinas de Minera México y reclamaron la extracción de los 63 cuerpos que aún se encuentran atrapados en la mina.
La organización Familia Pasta exigió al Gobierno Federal que asuma su responsabilidad moral ante las violaciones a los derechos humanos que se han realizado durante décadas en la Región Carbonífera.
A siete años de la explosión de la mina Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 trabajadores, se realizó una marcha por las principales calles del centro capitalino para manifestar su inconformidad ante las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de Coahuila.
"En siete años el Gobierno no ha cumplido con sus promesas. Se nos dijo que darían becas y apoyo económico y no lo han hecho", exclamó Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana que murió cuando trabajaba en la mina.
De 2006 a la fecha han muerto 159 mineros, derivado de ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tramitado 17 quejas. Ninguna de ellas ha concluido en sanciones penales.
"Pasa el tiempo y las autoridades no hacen nada y los expedientes no avanzan", declaró Cristina Auerbach, integrante de la Familia Pasta de Conchos.
Explicó que es necesario impulsar la reactivación económica de la Región Carbonífera para que haya oportunidades de trabajo diferentes a la extracción del carbón.
"Es necesario que haya un control, una regulación… Cómo puede el gobernador (Rubén Moreira) decir un día que él se encarga de la seguridad y al otro no atender ni las necesidades laborales de una región", exclamó la activista social.
La Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) comercializa con la Comisión Federal de electricidad (CFE) el carbón de 71 empresas mineras, de las cuales 23 no tienen a sus trabajadores registrados ante el IMSS, informó Auerbach.
"De 15 mil trabajadores de la región que se dedican a la minería, sólo mil 300 tienen IMSS", aseguró.
Por el rescate de los vivos
Mineros coahuilenses indicaron que viven entre el olvido y la indiferencia de las autoridades.
"Vivimos entre el dolor de la pérdida de nuestros hijos, pero ese mismo dolor es el que sostiene esta lucha", dijo Trinidad Cantú.
Añadió: "Los muchachos entran a las minas sin el equipo de protección adecuado, se les paga menos del salario mínimo y cuando ocurren accidentes no quieren correr con los gastos médicos y eso no es justo, por eso queremos dejes testimonio escrito para que haya acciones", finalizó Trinidad Cantú.
