La Cruzada Nacional contra el Hambre no debe ser utilizada como una estrategia electoral ni como un programa asistencialista, porque la población castiga con su voto a quienes lo hacen, coincidieron diputados federales de diferentes partidos.
Asimismo llamaron a que esa propuesta del gobierno federal se convierta en un verdadero instrumento para eliminar este flagelo que lastima a más de 28 millones de mexicanos y que no sea sólo una estrategia sexenal.
Al fijar la postura de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados en el marco de la comparecencia de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, Eufrosina Cruz Mendoza propuso supervisar de manera conjunta el desarrollo de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que existen riesgos de que se politice esa acción, ante las elecciones de julio próximo en 14 estados, y alertó que formar clientelas electorales sería una regresión en las políticas para erradicar la pobreza.
“Me duele más, mucho más, suponer que hoy la pobreza y el hambre podrían convertirse en un botín político a favor de algún partido o de algunos servidores públicos o candidatos de algún estado”, dijo.
La diputada panista consideró que la Cruzada se parece al programa Oportunidades, de la administración pasada, y la participación ciudadanía es semejante a los comités de “Solidaridad”, del sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y el cual “se utilizó con fines electorales”.
También señaló la necesidad de que participen de manera conjunta los gobiernos estatales, para que los recursos del programa se utilicen de manera transparente.
A su vez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Fernando Charleston Hernández, opinó que el Congreso de la Unión no sólo debe ser observador de esta estrategia que ha instrumentado el presidente Enrique Peña Nieto, sino también participar de ella.
Afirmó que los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido los primeros en demandar a las autoridades federales que no se utilice esa cruzada electoralmente y “exigimos transparencia en la utilización de estos recursos”, dijo.
El legislador priista afirmó que actualmente la sociedad está más informada y exige participar en estos proyectos y ahora castiga con su voto a quien pretende utilizarla con fines electorales.
Al hablar a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos de Jesús Alejandro, comentó que en cada proceso de transición siempre se abren expectativas hacia la sociedad en su conjunto y, para el caso de los pueblos indígenas, sexenio tras sexenio no ha sido la excepción.
Consideró que la Cruzada Nacional contra el Hambre refleja una perspectiva de una política social difícil y compleja de poder concretar por la pobreza extrema que en particular afecta a los municipios y las comunidades indígenas.
A nombre del Partido del Trabajo (PT), los diputados Héctor Hugo Roblero Gordillo y Arturo López Cándido, cuestionaron a Robles Berlanga por la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Coincidieron que es un programa deficiente ya que en su opinión no están considerados los municipios más pobres de México, lo que conlleva a no cumplir con su objetivo de cero hambre.
Roblero Gordillo subrayó que el citado programa, a pesar de la supuesta buena fe, no ataca el origen del problema. “Los datos sobre la pobreza indican que entre 2008 y 2010 los pobres representaban 23.8 millones de habitantes”, puntualizó.
Sobre esa cifra, refirió que a 2012 el INEGI reporta que las personas en pobreza alimentaria aumentaron 4.2 millones para llegar a 28 millones, de los cuales 15.8 millones padecen inseguridad alimentaria moderada y en grado severo 12.2 millones.
Observó que el programa fue diseñado para atender a 7.4 millones de pobres, cuando quienes están en pobreza severa son 12.2 millones, por lo que de arranque, la meta es deficiente en 4.8 millones personas, es decir, 65 por ciento de la meta fijada.
Indicó que el decreto emitido por el Ejecutivo federal no menciona la cantidad del presupuesto de egresos que se dedicará al combate a la pobreza y únicamente menciona que serán 16 secretarías y tres dependencias las que se harán cargo del programa.
En tanto, la diputada priista Josefina García Hernández pidió información sobre los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la mencionada cruzada y cómo serán evaluados sus avances.
Sin duda, enfatizó, las políticas públicas en materia de desarrollo social que inicia el gobierno federal se orientan de manera acertada a atender las necesidades de la población que más lo necesita, 7.4 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria severa, destinando un presupuesto que poco a poco debe ir incrementándose a dicho sistema.
Por ello, justificó, entendemos que si no apoyamos desde el Congreso ese tipo de acciones, no podremos avanzar en el objetivo de alcanzar el desarrollo nacional que tanto requiere el país. “No desviemos la atención del espíritu central de esta cruzada, informando que tiene fines electorales”, aseveró.
En su oportunidad, la panista Margarita Licea González preguntó sobre las medidas para blindar los recursos, que no se utilicen como “botín político” y que lleguen a su objetivo, toda vez que el decreto no precisa indicadores de medición ni resultados. En el mismo sentido se pronunció el diputado perredista Uriel Flores Aguayo.
El representante del Partido Verde Ecologista de México, Amílcar Augusto Villafuerte, pidió a su vez información sobre la puesta en marcha de un programa alternativo que incluya los municipios que no fueron enlistados en la cruzada y cómo se logrará el objetivo cero hambre planteado.
Sobre el tema, Juan Luis Martínez Martínez, diputado de Movimiento Ciudadano, preguntó el criterio con el que fueron destinados los recursos de combate a la pobreza y aseguró que los municipios con mayor población indígena fueron excluidos.
Tras concluir la comparecencia, la panista María Beatriz Zavala insistió ante la prensa en la necesidad de aplicar un “blindaje electoral” en los municipios donde se llevarán a cabo comicios este año y dijo que México requiere avanzar en democracia y que no se busquen votos a través del reparto de recursos de programas sociales.
Precisó que le solicitó a Robles Berlanga que se suspenda la entrega de recursos 40 días antes de las elecciones locales, además de que se publiquen las reglas de operación de ese programa contra el hambre.
El legislador del PRI, Miguel Sámano Peralta, afirmó que la superación de la pobreza y la marginación, pero sobre todo el abatimiento del hambre en el país, constituye una tarea inaplazable para mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos de la población.
Planteó que el combate al hambre demanda un trabajo colectivo, con la participación de los tres órdenes de gobierno, en un marco de coordinación, concertación y respeto, que permita transformar el entorno en que viven millones de mexicanos.
