Un informe federal ampliamente esperado divulgado ayer martes sobre el uso excesivo de la fuerza entre los agentes fronterizos estadounidenses casi no tocó el tema de las políticas sobre dicho uso, pero recomendó mejoras en el entrenamiento y dar seguimiento a las acusaciones de abusos.
Tal vez la mayor revelación del informe podría haber sido que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional no pudo presentar un conteo de acusaciones contra agentes y oficiales de aduanas de la Patrulla Fronteriza por presunto uso excesivo de la fuerza debido a que las bases de datos de la agencia no les permiten ser categorizados de esa manera.
El informe fue solicitado el año pasado por 16 miembros del Congreso preocupados por el caso de Anastasio Hernández, de 42 años, que murió tras recibir varios impactos con una pistola aturdidora en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, en mayo de 2010. La carta enviada por los legisladores en la que solicitaban la revisión afirmaba: "También nos preocupa que este es incidente es simplemente una parte de un problema cultural más grande en el Departamento".
Aún está en curso la investigación del Departamento de Justicia sobre su muerte, uno de al menos 19 fallecimientos desde 2010 que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) atribuye a Aduanas y Protección Fronteriza.
