Desaparecidos. Familiares de víctimas de la delincuencia organizada se manifiestan en el Distrito Federal.
La Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), que concentra a más de 250 ayuntamientos gobernados por la izquierda, exigió al Gobierno federal la asignación de recursos para cumplir con las competencias y obligaciones que les confiere la nueva Ley General de Víctimas.
Leticia Quezada, jefa delegacional en Magdalena Contreras y presidenta de la AALMAC, advirtió que de no reasignar presupuesto para este fin, los municipios interpondrían controversias constitucionales ante la Corte, pues de lo contrario podrían incurrir en responsabilidades.
"Es tan amplia la situación de víctimas del delito que los municipios tendrán que pagar medicinas, consultas, prótesis, de lo que pueda ser de un delito que puedan denunciar los ciudadanos. (También) los abogados victimales (...) y la oficina de atención a víctimas. Para todo esto tiene que haber recursos", expuso.
"No se cuenta con los recursos por parte de los municipios, ustedes saben que ahorita muchos municipios están endeudados y con una situación así auguramos que esta Ley pudiera caer en una situación de letra muerta y que podríamos incurrir en una responsabilidad inclusive penal por parte de los municipios".
En conferencia conjunta con el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, Quezada planteó la instalación de una comisión legislativa para revertir las tremendas lagunas de la norma y asignar las bolsas correspondientes a los municipios.
