La Ley General de Víctimas
Para combatir la manifiesta impunidad que vivimos, se requiere que conozcamos claramente nuestros derechos y obligaciones y las leyes que los protegen y garantizan, para poder exigir su recta aplicación y cumplimiento. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en coordinación con las diócesis de Torreón y de Gómez Palacio, realizó ayer en la Vicaría de Pastoral un evento de difusión de la Ley General de Víctimas, como parte de las variadas acciones en favor de la construcción de la paz.
Ante la necesidad de modificar en muchos aspectos el orden jurídico mexicano, a fin de llevar a cabo las numerosas reformas que urgen al país (la educativa, la hacendaria, la política…) ha surgido esta ley de víctimas como una de las primeras aprobadas por esta administración presidencial. La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 ha plasmado la preeminencia de la persona sobre cualquier ente, órgano o institución. Nuestro país se encuentra en un momento de grandes transformaciones jurídicas que día a día consolidan un sistema garantista y a la vanguardia. Pero de nada sirve la ley si no se conoce por la ciudadanía, por lo que dar a conocer la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial el día 9 de enero de 2013 responde a un enfoque integral de justicia restaurativa para que las víctimas de violaciones a derechos humanos o víctimas del delito tengan el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, todo ello a través de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contiene las acciones y programas que deben ser considerados como sustantivos y complementarios para el reconocimiento de la víctima en todos sus ámbitos, individual, familiar y social. Sin duda, son ellas, las víctimas quienes merecen todo el apoyo del Estado mexicano dadas las circunstancias que han vivido y sufrido como consecuencia de la violencia.
Es un instrumento legal inédito no sólo en nuestro país, sino también en la legislación internacional y recoge las mejores prácticas, preceptos y principios del derecho internacional a favor de la dignidad de las personas. Es cierto también que, como todas las leyes, es perfectible y tiene debilidades, como las que señala Isabel Miranda de Wallace: la excesiva burocracia que se pretende crear y el traslape de funciones entre diferentes instituciones. Sin embargo, así como está ya puede aplicarse.
En el evento mencionado arriba, de difusión de la ley, expusieron Silvano Cantú y Eliana García, quienes han participado en la elaboración y propuestas de reformas de la Ley por parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que dirige Javier Sicilia. La difusión de esta ley busca que las víctimas y familiares de víctimas conozcan los elementos de la ley y los derechos que tienen derivados de ella. Los gobiernos deben prepararse para hacer atender esos derechos, pues de nada sirve que la ley determine algo, pero que los gobiernos no sean capaces de cumplirlo. Se comentó lo que a la sociedad nos toca para la exigibilidad y para la promoción de la justicia y se dieron algunas ideas de cómo promover que se haga valer esos derechos. La reunión estuvo abierta a todos los interesados en esta ley. No sólo se busca atender a las víctimas, sino que ya no haya víctimas por medio de la modificación de nuestras formas de relación.
Quienes decidan colaborar en construir la paz, deberá hacerlo de acuerdo a sus situaciones y necesidades, por caminos pacíficos y reconociendo humildemente la violencia que se realiza; Nadie puede quedarse con las manos cruzadas, se necesita a todos los miembros de nuestra sociedad. Trabajar por la vida, por la paz, no es ir en contra de autoridades que no hacen su labor, ni en contra de los violentos, sino que a ellos mismos los invitamos a sumarse a la construcción de la paz.
La Ley General de Víctimas ha sido un logro de la sociedad civil: surgió del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad originado por la muerte de un hijo de Javier Sicilia. El dolor, la tristeza, la angustia condujeron a la sociedad a decir ¡queremos que esto cambie, que se detenga la violencia.
Después de marchas, caravanas, exigencias y diálogos, se hizo la propuesta de una ley que atendiera la situación de las víctimas y sus familiares. Fue hasta el 9 de enero de 2013 que el nuevo ejecutivo publicó la Ley, y el 8 de febrero de 2013 entró en vigor la Ley General de Víctimas. A partir de ese momento la legislación mexicana incluye derechos para las víctimas de esta violencia desgarradora, y se pueden exigir los derechos señalados en ley. Sin embargo, existe gran desconocimiento de ello.
Es por ello que se está organizando la difusión de estos derechos. Es necesario atender a las víctimas y es necesario trabajar para que no haya más víctimas. Se requiere un cambio en la estructura de relaciones dentro de nuestra sociedad. Vivimos violencia constantemente: en la familia, el noviazgo, las escuelas, los lugares de trabajo, la economía tan injusta, en la política y hasta en agrupaciones civiles, en las diversas estructuras que nos movemos,... El gobierno combate una parte de la violencia, pero hay gente con mucho dinero que organiza, lava, goza, y en ese terreno no se ve que se actúe. Hay que tomar en cuenta que gente sin dinero es atrapada por diversos mecanismos por los grupos criminales, y necesitamos encontrar caminos para rescatarlos.
Hay que hacer énfasis en el protagonismo que deben adquirir los jóvenes. Para que la paz no se quede sólo en un concepto, sino que se convierta en un camino permanente, se debe echar mano de este sector de la sociedad. Los jóvenes pueden aportar mucho, primero, asumiendo en consciencia la paz, y después, movilizando sus propias comunidades educativas y su entorno. La experiencia nos dice que lo que los jóvenes pueden hacer por la paz es un bien que no hemos sabido explotar suficientemente, puesto que la disposición de ellos es muy grande cuando se les presenta un ideal como éste.
¡Construyamos la paz!
¡Nos necesitamos todos!
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