Es cierto que México necesita reformas estructurales en diversas áreas como la educativa, la energética, y la fiscal, pero la reforma del Estado debió ser la primera, para que pusiera el ejemplo, haciendo las modificaciones necesarias...
... para superar las deficiencias tan manifiestas en la administración pública. Las resistencias al cambio que está manifestándose por parte de diversas fuerzas en el país y que tanto daño están haciendo, serían menores si hubiesen visto en la administración pública, reformas estructurales significativas y necesarias, como la reducción del número de miembros de las cámaras, la administración transparente de los recursos, la desaparición de sueldos exagerados y de gastos innecesarios, la posibilidad de revocación del mandato en funcionarios, la ciudadanización de las elecciones, la eficiencia en la administración de la justicia, la reelección, la reducción de la partidocracia, etc. En cambio las reformas del país se están reduciendo a su más mínima expresión, quedando sólo en acuerdos que protegen intereses egoístas y de grupo o partido y olvidando que "la nación es primero".
Algunos no están conscientes que en cada compra o servicio que pagan están dando una parte de sus ingresos al gobierno. El predial, el IVA a cada cosa que se adquiere, el teléfono, la gasolina, la luz, las placas, etc., son gravados con una cantidad que no es poca. El dinero que el gobierno utiliza proviene ni más ni menos que de nuestros impuestos. Además que ahora estamos pagando una doble tributación a causa de las cuotas que la delincuencia organizada recoge como si fuera un estado dentro de otro estado.
La reforma hacendaria que ha propuesto el presidente y que ahora está en discusión en las cámaras para su aprobación, afecta directamente a los bolsillos de cada uno de nosotros. Se pagan los tributos para cumplir con una obligación en conciencia. Para contribuir racionalmente a una necesidad natural y, por ello, en cierta manera, sagrada. Se requiere pues una actitud interna de conciencia bien formada. Toda legislación fiscal, con la correspondiente obligación de su cumplimiento, está exigida por el mismo hecho de la existencia de las sociedades. El Estado es necesario para que el hombre realice sus fines de "animal social" y para encontrar en él el suplemento y la ayuda convenientes para suplir sus limitaciones como individuo. Somos sociales por naturaleza, porque sólo con los demás podemos perfeccionarnos. Pero este deber de pagar impuestos es necesario precisarlo con preceptos positivos actualizando las leyes. El objetivo que debe buscarse finalmente es el bien común y el Estado sólo tiene derecho a una parte de nuestros bienes para poder cumplir con lo que exija el bien común. Esta obligación se hace válida sólo si las leyes que van a aprobar son justas, las leyes injustas no obligan de ninguna manera, pero las justas deben cumplirse desde el convencimiento personal y por tanto evitando cualquier fraude fiscal, es decir, el incumplimiento de una ley justa.
¿Cómo determinar si son justos los impuestos? La ley puede ser justa o injusta por diversas causas, sea por la ley en sí o por su manera de aplicarla y a quien. Por tanto el discernimiento es fundamental para determinar su justicia. Para ser "lícita" requiere del poder legislativo y éste lo pone para satisfacer los servicios que presta en orden al bien común, que debe jerarquizar y programar con un presupuesto de modo que no se impongan cargas que no sean necesarias. No todo lo tiene que hacer el estado (principio de subsidiariedad) por lo que dejará espacios a los particulares o asociaciones intermedias de modo que se eviten gastos o impuestos innecesarios o inútiles.
El dispendio que vemos cotidianamente es una injusticia, pues es dinero que no pertenece al gobierno, sino que sólo lo administra. Los malos servicios, el gasto injustificado, el desvío de fondos a cosas innecesarias o a cuentas particulares, exigen compensación y reparación. El gastar más en publicidad que en la obra realizada es una injusticia. El hacer obras innecesarias para tapar desvíos es un fraude. Los accidentes mortales causados por una mala carretera que debería haber tenido mejor calidad, son imputables a los que no hicieron con calidad tal obra. Son culpables de asesinato.
Los impuestos son un medio redistributivo de la riqueza nacional como parte de la promoción del bien común por lo que en cuanto a ingresos se gravan más a los ricos y a los objetos y/o actividades menos necesarias y más lujosas. Una educación particular o tener una mascota no es un lujo para la mayoría; en cuanto a gastos es necesario la redistribución de modo que fluya a las personas menos favorecidas económicamente. El IVA a medicinas y alimentos no sería tan grave para los pobres si se garantizara esta redistribución de lo recaudado. En cualquier caso la redistribución más equitativa de las riquezas es una exigencia moral y el empleo del medio tributario para conseguirla es lícito. Determinar más en concreto el porcentual del impuesto y en base a que son cuestiones de especialistas, pero siempre guiadas por la búsqueda del bien común. Determinar las necesidades requiere un plan de desarrollo económico, político y social, hecho con la participación de la población y la asesoría de expertos.
La naturaleza humana se pega tenazmente a lo suyo, o a lo que cree que es suyo y difícilmente el egoísmo del hombre abre la bolsa para pagar, necesita ver en el estado un gasto transparente y sabio y aun así, resistirá con regateos, aplazamientos y rebajas. El estado ha perdido credibilidad y antes de exigir deberá cambiar su manera irracional, injusta, irresponsable y criminal de utilizar el dinero que no es suyo. Los gastos de la policía, la construcción de carreteras, la administración de justicia, la educación pública y tantos otros servicios deben reflejar lo que se ha recaudado con eficiencia y honradez.
El cambio de ley hacendaria debe ir acompañado de un cambio de mentalidad que exija buenos servicios, pero que al mismo tiempo sepa que cuestan. Que los intereses de la sociedad son también suyos y ayudar a la sociedad repercute en bien individual. Interesarse más por conocer, dentro de la capacidad cultural que posea, la amplitud de las necesidades públicas, nacionales, provinciales o municipales y hacerse una idea de los números necesarios en los presupuestos, para satisfacerlas. Exigir la compensación y el resarcimiento del daño a quienes han incurrido en malos manejos, irresponsabilidad o ineficiencia. La justicia social y una mejor redistribución de las riquezas deben calar hondo en esas mentes ciudadanas. El ambiente de evasión y fraude fiscal debe ser rechazado.
Las exigencias nacionales y los deberes patrióticos no reclaman sólo la presencia ciudadana impulsiva y transitoria en los momentos peligrosos de las encrucijadas históricas, sino en los ordinarios del deber cotidiano y monótono, de igual o mayor trascendencia, para no dejar infructuosos los generosos arranques. La tributación es uno de los más importantes de esos ordinarios deberes ciudadanos.
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