El presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con la que busca que el delito de terrorismo y su financiamiento se castiguen hasta con 40 años de prisión y mil 200 días de multa.
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados contiene la ley reglamentaria del artículo 22 constitucional, que impone penas de 15 hasta 40 años de prisión y de 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas por otros delitos, a quien realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas.
Así como a quienes utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, nuclear, fuente de radiación, explosivos o armas de fuego, incendio, inundación o por cualquier otro medio violento produzcan alarma, temor o terror en la población o en grupo para atentar en contra de la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular para que tome una determinación.
La misma pena se otorgará a quien financie actos de terrorismo y se considerará un delito autónomo, "a quien directa o indirectamente aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza", dice la iniciativa.
