En dos actos de lealtad y subordinación de las Fuerzas Amadas y un tercero de orden jurídico, el de la Ley de Amparo, el Presidente Enrique Peña recibe poder infinito y con él puede enfrentar cualquier asechanza.
En sus discursos, el primer mandatario destaca pleno respeto a los Derechos Humanos, lo cual advierte que no pretende un gobierno autoritario, verbigracia el de Díaz Ordaz. Sin embargo, tanto poder requiere cautela oficial y observación permanente de la ciudadanía, a fin de evitar excesos.
El día de su toma de posesión, Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje preciso sobre sus proyectos de gobierno y de Palacio Nacional se encaminó al Campo Marte, donde lo esperaba el poder castrense para ponerse bajo su mando.
Sacudió el momento en que el general Salvador Cienfuegos, titular de la Defensa Nacional, juró lealtad y en nombre de mujeres y hombres de las fuerzas armadas expresó al Presidente "nuestra inquebrantable lealtad y subordinación a la legítima investidura que le ha conferido la ciudadanía".
A su vez, el nuevo secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, manifestó que "la Armada de México está lista para apoyarlo a usted porque nuestro compromiso es con México".
Faltaba algo más. La semana pasada tendría lugar la entrega de la espada y el sable de mando, hecha por los titulares de la Defensa y Marina. Son armas, dijo Peña Nieto, que "no sólo representan mando sino una elevada responsabilidad nacional". Dijo que espada y sable se fundieron con el metal de la lealtad y el temple de los hombres y mujeres que sirven a México con sus vidas.
En la cúspide del poder, afirmó Peña: "Como comandante supremo de las fuerzas armadas ejerzo el mando con convicción democrática, con la observancia de la ley y con absoluto respeto a los Derechos Humanos".
Luego exhortó a los militares a "seguir respaldando los esfuerzos del gobierno de la república para alcanzar un México de paz, un México incluyente, un México con educación de calidad para todos, un México próspero…"
EN EL ÁMBITO JURÍDICO, la Cámara de Diputados otorgó al Gobierno federal un poder ilimitado mediante los juicios de amparo, al ser cancelada la suspensión provisional en bienes propiedad del Estado, como son el petróleo, los minerales, el agua y tierras de la nación.
Los concesionarios de medios electrónicos como son teléfonos o estaciones de radio y televisión, también pierden la suspensión provisional por lo que, en caso necesario, buscarían la protección de la justicia federal mediante amparos de solución constitucional definitiva.
La legislación del Juicio de Amparo regresó al Senado con el único propósito de señalar que los casinos no tienen derecho a ampararse, de ser cancelados sus permisos, como tampoco los banqueros tendrán esa protección si fuesen intervenidos. Se dice pronto, pero todo ello significa al gobierno de Peña Nieto un poder extraordinario ante la clase empresarial.
LA FUERZA DEL GOBIERNO no debiera ser soslayada por Elba Esther Gordillo, quien está enredada en sus confusiones y en carta dirigida a la Cámara de Diputados afirmó que "la llamada reforma educativa tiene espíritu de mercado con intenciones privatizadoras". Se contagió de López Obrador y los perredistas con las proclamas de la privatización.
El diputado Manlio Fabio Beltrones advirtió a Gordillo que su bancada se reunirá con "cada uno de los maestros del país y acordar lo que más conviene a México, que es resolver el tema de la calidad educativa".
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