La situación patrimonial de los juzgadores y del personal judicial en México está bajo lupa.
Las dependencias encargadas de prevenir el lavado de dinero y fraude fiscal, se acaban de sumar a la vigilancia sobre más de mil 200 jueces y magistrados federales y unos 30 mil empleados del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó en junio y julio sendos convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, y con el Servicio de Administración Tributaria, para hacer más ágiles las investigaciones de casos de posible corrupción.
En noviembre de 2011, el CJF firmó un acuerdo similar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero según fuentes judiciales, los resultados han sido escasos, tanto por trabas burocráticas como por el hecho de que las funciones de la comisión no están enfocadas a la detección de delitos asociados con la corrupción judicial.
Las bases de colaboración con la UIF fueron firmadas el 11 de junio, y permiten al CJF tener contacto directo, vía correo electrónico, con la oficina que diariamente recibe y analiza miles de reportes sobre operaciones sensibles y sospechosas previstas en la nueva ley contra lavado de dinero que entró en vigor el 17 de julio, misma que obliga a bancos, casas de bolsa, agentes inmobiliarios, casinos, joyeros, empresas y profesionistas.
