En la inmensa mayoría de productos no hay en México controles de precios. Y hay buenas razones para ello. Los controles bajan la producción, generan mercados negros y elevan los precios de manera artificial. Terminan por dañar más a los más pobres.
No sorprende que un grupo de diputados del PRD no se haya enterado y haya realizado el 9 de mayo una "clausura simbólica" de las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor por no controlar los precios. Pocos políticos entienden en realidad cómo funciona la economía. Pero el que la Profeco esté empeñada en una campaña para hostigar a establecimientos comerciales por subir los precios del huevo o del pollo sí es inquietante. Esto no es sólo una violación de la ley, ya que no hay controles de precios ni en el huevo ni en el pollo, sino una medida irresponsable que puede terminar por elevar los precios de estos productos.
La Profeco se encuentra bajo una enorme presión política. El intento de clausura del restaurante Máximo Bistrot de la capitalina colonia Roma porque Andrea Benítez, la hija del procurador Humberto Benítez, no recibió la mesa que quería con la prontitud que deseaba, ha generado una avalancha de críticas en contra del procurador y de la Profeco, una institución que siempre ha tenido una buena imagen ante los ciudadanos. La Profeco ha respondido con una campaña en medios de comunicación buscando rescatar esa imagen positiva acumulada durante 37 años de funciones. El que el momento haya coincidido con una escalada inflacionaria en productos alimenticios, como el tomate verde, el huevo y el pollo, ha incrementado los problemas de imagen de la Profeco.
La verdad es que la Profeco no tiene el mandato legal de aplicar controles de precios, pero eso no ha impedido que haya empezado desde el sexenio pasado a hostigar a comerciantes por el delito de subir los precios. El día de la clausura simbólica de la Profeco por los perredistas, el director general de verificación, Jesús Rangel, argumentó en descargo de la institución que ésta ha suspendido en lo que va del año a 96 comercios "por no acreditar documentalmente el incremento en el precio de venta del precio del huevo", ha colocado sellos de advertencia en 300 negocios y ha clausurado siete bodegas de la central de abastos de Toluca.
El principal problema es que la ley mexicana no establece un control de precios. La Profeco está hostigando a negocios legítimos por simple arbitrariedad. En un estado de derecho, las declaraciones del director de verificación deberían ser tomadas como confesión de parte para destituirlo y procesarlo por abuso de autoridad.
El otro gran problema es que si este hostigamiento a los establecimientos formales persiste -y ya sabemos que la Profeco no se atreve a meterse con el comercio informal-se reducirán los incentivos para que haya una mayor inversión en la producción de pollo y huevo por lo que un problema temporal puede convertirse en endémico. El resultado sería generar mayores precios para los consumidores o el desvío de una parte creciente de la producción de pollo y huevo al mercado informal en el que la autoridad no se atreve a intervenir.
Mucho escándalo se ha hecho en torno al abuso de la hija del procurador, que ha llevado de hecho a la suspensión de cuatro funcionarios de la Profeco que participaron en el intento de clausura del Máximo Bistrot. Lo realmente de fondo, sin embargo, lo que debería llevar a aplicar sanciones radicales en contra del procurador y sus subalternos, es el hostigamiento de negocios formales por subir precios aunque no haya controles de precios en nuestro país.
AGROPECUARIOS
La inflación general anual fue en abril de 4.65 por ciento. La de productos agropecuarios alcanzó 17.25 por ciento. La solución no radica en aplicar controles sino en eliminar los muchos obstáculos a la inversión productiva en el campo. Si no, habrá que importar más alimentos.
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