El gobierno mexicano presentó esta mañana su Examen Periódico Universal (EPU) en la sede de las Naciones Unidas, donde se le volvieron a hacer recomendaciones en cuanto a temas que ya se habían señalado en la evaluación anterior, de 2009, como la eliminación del arraigo y la tortura.
El EPU es un mecanismo implementado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde los países son quienes hacen preguntas y recomendaciones a los gobiernos que son revisados. En 2009, México tuvo su primer EPU y hoy se desarrolló el segundo, en el que los Estados insistieron en temas que ya habían sido mencionados hace 4 años y que no han sido subsanados.
Entre las principales preocupaciones de los países, se destacó la reforma en materia de justicia penal, las desapariciones forzadas, la atención a los grupos indígenas, los feminicidios y la violencia contra las mujeres, la garantía de los derechos a los migrantes, así como las amenazas a los periodistas y los defensores de los derechos humanos.
Un total de 89 países solicitaron la palabra durante la evaluación de México, que tuvo una duración de tres horas y media, en la sala de consejo de las Naciones Unidas.
En la delegación mexicana participaron con intervenciones el ministro de asuntos exteriores, José Antonio Meade, el coordinador de derechos humanos de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), Rubén Moreira, de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Alejandro Ramos. También Ileana García, directora de ProVíctima, Juan Manuel Gómez, de Relaciones Exteriores, Ricardo García Cervantes, subprocurador de derechos humanos en la PGR, Lía Limón, subsecretaria de asuntos jurídicos y derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros.
Al término del EPU, el gobierno mexicano rechazó fijar una postura respecto a si se aceptan o no las recomendaciones de los Estados. Autoridades indicaron que se tomaría nota de los señalamientos y se analizarán a su regreso al país.
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