Profesores liderados por Elba Esther Gordillo y los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pretenden poner a prueba al gobierno de Enrique Peña Nieto mediante marchas, mítines y al menos 600 mil amparos.
Los maestros no se resignan a perder privilegios de décadas que incluyen suspensión de labores, rechazo a exámenes de admisión y cuantas prestaciones logran a través de contratos colectivos de trabajo, además de las exacciones a gobiernos de los estados y pagos de vacaciones a lugares suntuosos.
Los mentores se oponen abiertamente a la reforma educativa porque sus líderes perderían, asimismo, el manejo de plazas en las 55 secciones del SNTE y la Coordinadora.
Es claro que el régimen priísta de Peña Nieto no va dar marcha atrás en la reforma que está en proceso de aprobación en los estados del país porque demeritaría su autoridad ante un gremio despreocupado por la educación de millones de niños y beneficiado por elevados sueldos y prestaciones.
Se supone que los jueces federales deben rechazar los amparos por lesivos a la educación y ser interpuestos contra una reforma educativa en vías de ser aprobada. Es crucial, sin embargo, la actitud que asuma el gobierno de Peña Nieto y, en particular, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet.
OTRA REFORMA, LA FISCAL, dará lugar a airadas protestas porque, tras el anuncio del titular de Hacienda, Luis Videgaray, de no elevar impuestos en este año, los habrá ante la urgencia de más dinero para cumplir el principal compromiso de Enrique Peña Nieto de mejorar el bienestar de los mexicanos.
Es imposible garantizar mejores niveles de vida a la población sin el incremento de la obra pública y la generación de nuevas cargas fiscales, para lo cual se requieren más recursos económicos. Los milagros en la economía no existen.
Barack Obama enfrenta duras negociaciones con los legisladores republicanos de su país, por su propósito de cobrar más impuestos a los ricos y a quienes perciben mayores sueldos. Igual sucede en Francia, donde los adinerados anuncian la salida de ese país, justo para no ser afectados en sus capitales.
En México ha surgido un maremagno relacionado con el pago de la tenencia vehicular. Cuando los aspirantes a gobernadores andan en campaña prometen eliminar esa carga, pero ya en el poder recapacitan ante la necesidad de más dinero para responder al gasto público de sus respectivas entidades y llevan a cabo el impopular cobro.
Eso fue visto anteayer en Sonora, donde mucha gente marchó y protestó contra el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías a causa del cobro de la tenencia. Este reclamo se repite en varios Estados.
A través de Gobernación se dio impulso a las casas de juego y por ello se les tacha a los responsables de "casineros del PAN". Se distinguió en ello Santiago Creel y ahora es involucrado Felipe Calderón, de quien trasciende que autorizó permisos para 94 de esos antros, con duración de 25 años. Un tuitero preguntó si esa será la carta de presentación del expresidente en Harvard, a donde va a estudiar lo no aprendido en su primera incursión a esa universidad.
Sin embargo, ayer temprano informó Gobernación que no hubo expedición de nuevos permisos al final del gobierno calderonista. Eso no quita, sin embargo, que Santiago Creel haya extendido 432 autorizaciones para casinos y en el régimen pasado nada se hizo para evitar tantos antros de vicio.
A consecuencia de ello sucedió la desgracia de Nuevo León, donde Los Zetas incendiaron el Casino Royale con saldo de 52 muertos. Urge la revisión de tantos desplumaderos, a fin de evitar otras desdichas.
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