El arranque del Programa de Prevención de la Delincuencia lanzado por el Gobierno Federal en la zona metropolitana de La Laguna es una noticia alentadora, pues por primera vez se diseñará una política pública que tome en cuenta no sólo la integración geográfica de la Comarca sino también los diversos ángulos que se deben atacar para frenar la ola criminal.
Equipamiento de policías, fomento al empleo, desarrollo urbano y social en zonas de alto riesgo y programas de atención a grupos vulnerables son algunas de las acciones de este programa anunciado el viernes pasado por el subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Sin embargo, hay obstáculos que pueden impedir la aplicación efectiva de este programa.
Uno de ellos es que persista la división entre los gobiernos de Coahuila y Durango al diagnosticar y enfrentar el problema de la delincuencia. El programa se basa en un estudio sobre zonas de la mancha urbana de alta prioridad, pero esta evaluación debe ser validada por los gobiernos locales antes de llevarse a cabo. La lentitud burocrática y la falta de criterios uniformes en ambos lados del Nazas puede ser un factor que frene la aplicación de este plan.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación han señalado que la aplicación exitosa de este programa en ciudades como Juárez, Acapulco o Aguascalientes puede replicarse en La Laguna. Pero la gran diferencia es que en estas ciudades la Federación sólo tuvo que tratar con un gobierno estatal y un gobierno municipal dominante. En la Comarca entran en juego dos estados y cuatro municipios con intereses políticos que en ocasiones son divergentes.
Otro obstáculo es la aplicación del fondo de 108 millones de pesos para prevención del delito, cuya distribución a partes iguales entre Coahuila y Durango podría no tomar en cuenta los desequilibrios entre los municipios.
Por ejemplo, como publicó El Siglo de Torreón el domingo, Torreón recibirá la mitad del fondo a pesar de que concentra el 80 por ciento de la población en las zonas de más alta prioridad, donde tendrán que aplicarse las primeras acciones.
Por otra parte, La Laguna de Durango sufre un rezago económico y social más pronunciado que en Coahuila, por lo que también será necesario apuntar la distribución de recursos a balancear la calidad de vida en toda la zona conurbada.
Por lo mismo, debe darse una coordinación absoluta entre Coahuila y Durango para repartir los recursos, y no que cada gobierno estatal tome su parte y lo gaste por su cuenta, como ha sucedido durante cinco años con el Fondo Metropolitano, para que los niveles de éxito de este programa sean parejos.
Toca ahora a los gobiernos de Coahuila y Durango aterrizar este programa con éxito y comenzar, con varios años de retraso, la intervención económica, social y urbanística que urge en la Comarca Lagunera.
