Tiene razón la consejera electoral María Marván cuando pregunta cuál es la crisis electoral que justifique la desaparición de los institutos electorales estatales y su sustitución por el Instituto Nacional de Elecciones (INE). No lo pide la gente, sino la oposición partidista.
Por un lado, no veo en el INE un problema o atentado al federalismo que, sobra decir, jamás ha funcionado en México. El federalismo acepta diversos puntos intermedios entre sus extremos. Se intenta suprimir la doble estructura electoral (la estatal y la federal) que no es lo usual en otras democracias. Y contar con un solo órgano electoral no se contrapone con el federalismo, como ejemplifican Canadá y Brasil. Se afirma, con fundamento, que muchos gobernadores manejan casi a su antojo los institutos electorales. Baste recordar las grabaciones que lo reflejaban con claridad en Oaxaca y Veracruz durante los comicios de 2010. El DF no es la excepción, pues si bien no es Miguel Ángel Mancera quien tiene el control del Instituto, sí lo es René Bejarano, que detenta más influjo político que el propio Mancera. Pero no queda tan claro que la solución sea suprimir a los institutos estatales.
1) La pluralidad federalista de las legislaciones electorales ha permitido avanzar en experimentar con diversas figuras y procedimientos en este terreno, como pequeños laboratorios sobre su funcionamiento. Por ejemplo, ahí se originó la fórmula de selección de consejeros (antes de que se desvirtuara) así como la credencial y el listado electoral con fotografía. Hemos visto ya también las dificultades que enfrentan las candidaturas independientes en su reglamentación.
2) Probablemente se sobrecargue de trabajo y funciones al nuevo INE, poniéndolo en el umbral de la parálisis o el colapso. Coincido en todo caso con quienes señalan que habría que liberar al IFE de la carga jurídica que se le endosó con la reforma de 2008. Que el IFE (o el INE, en su caso) se encargue de la organización de los comicios y la fiscalización de los recursos partidistas, y se deje al Tribunal Electoral absorber directamente las quejas y demandas de orden jurídico, que de cualquier manera llegan a él. Y si bien tengo reservas sobre la desaparición de los institutos locales, me parece adecuada la supresión de los tribunales electorales locales que representan un trámite tan inútil como prescindible entre las quejas presentadas ahí y el TEPJF, en donde prácticamente todas terminan.
3) Si el problema con los institutos estatales es de autonomía, otro tanto sucede con el IFE, quien no depende del presidente en turno, pero sí de los partidos. Me parece que el punto de inflexión fue 2003, cuando en el IFE se llegó al extremo de la partidización del Consejo, dejando además fuera al PRD, lo que fue tomado por los estados como una permiso para hacer lo propio con sus institutos electorales. Antes de eso hubo muchos consejos auténticamente autónomos y de gran relieve social. La solución, en uno y otro ámbito, radica en la fórmula para seleccionar a los consejeros. En el caso del IFE, el PAN propone un primer filtro de aspirantes a través de organismos autónomos de Estado como ocurre en el caso del Ifetel -podrían ser también instituciones de educación superior- que presentaría una lista depurada de personas con experiencia y autonomía orgánica respecto de los partidos. De esa lista, los diputados harían la selección final. En el caso de los institutos electorales, bien podrían continuar siempre y cuando la selección de consejeros locales la hicieran agencias federales; podrían ser igualmente organismos autónomos pero federales (pues no lo son tanto, o nada, en su versión estatal) y la decisión final podría recaer en el Senado (que es la representación nacional de los estados). Supongo que quienes han defendido la permanencia de estos institutos verán como una opción menos mala la centralización del proceso para seleccionar consejeros, que la de todo el proceso electoral.
4) Hago votos para que, incluso de aprobarse la creación del INE (como todo parece apuntar), se mantenga a los cuatro consejeros del IFE que aún no terminan su mandato, pues de renovar toda la planta se le pondría un nuevo golpe a la continuidad e institucionalidad del órgano electoral nacional, llámese como se llame. Bien harían en preservar a los cuatro consejeros actuales para que concluyan su mandato. Y mientras se termina por discutir y aprobar la reforma electoral, el consejo general del IFE quedará trunco.
@JACrespo1
Investigador del CIDE
