Si usted o yo estacionamos nuestro vehículo en un lugar prohibido, como la avenida Constituyentes de la Ciudad de México, no pasará mucho tiempo para que llegue una patrulla y nos ordene movernos o pida una grúa que se lleve nuestro auto. Nosotros mismos correremos el riesgo de pasar una noche con hambre y frío junto al senador Jorge Emilio González.
Pero si usted es militante de El Barzón, o de cualquier otra organización política, no sólo no habrá advertencia o grúa sino que la patrulla desviará el tránsito para protegerlo, no sea que alguno de los furiosos automovilistas afectados le eche el coche encima.
En el momento en que escribo este artículo un pequeño grupo que se identifica como parte de El Barzón Popular, y que Alfonso Ramírez Cuéllar de El Barzón dice que no tiene nada que ver con su organización, ha mantenido un bloqueo parcial durante tres días de la avenida Constituyentes en el poniente de la ciudad de México, generando enormes problemas a la circulación.
Injusta o cobarde es la actitud de las autoridades ante los grupos de presión que viven de extorsionar a gobiernos y a la sociedad. Presionadas además por fallos de la Suprema Corte de Justicia y recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, cada vez están más dispuestas a ceder a los chantajes de los grupos de presión, con lo cual generan mayores incentivos para las extorsiones.
Ahí está el grupo de encapuchados que, también hasta el momento de escribir esta reflexión, ha tomado la dirección general del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo, que afirma estar compuesto de estudiantes, había señalado que sólo entregaría las instalaciones y comenzaría un diálogo con las autoridades de la UNAM si éstas cumplían tres condiciones: cancelar las expulsiones y "persecuciones judiciales" a los miembros del grupo, garantizar que no hubiera "represalias" contra quienes han realizado la toma de las instalaciones y posponer hasta el 30 de noviembre la actualización de los programas de estudios.
Las autoridades de la UNAM aceptaron cumplir las tres exigencias de este pequeño, pero al parecer influyente grupo. Los mismos activistas se sorprendieron, al parecer, con esta rápida rendición incondicional; pero reaccionaron señalando que, a pesar de que la UNAM había prometido cumplirles sus demandas, no entregarían las instalaciones. De hecho, añadieron una nueva exigencia: la destitución de la directora general del CCH Laura Lucía Muñoz Corona. Habrá que ver si la UNAM también la acepta.
En otros lugares del país estas presiones de grupos de interés son también cosa de todos los días. Ayer los normalistas de Oaxaca, unos seis mil de 11 escuelas, se pusieron en huelga y anunciaron movilizaciones para obligar al gobierno de Gabino Cué a entregarles plazas de maestros sin presentar ningún examen. A su vez, los maestros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca suspenden labores y preparan una nueva huelga que será acompañada, por supuesto, de sus propias manifestaciones y bloqueos.
Por la cobardía de las autoridades, pero también por decisiones de la Suprema Corte y de las comisiones de derechos humanos, se ha establecido un sistema en México en el cual los grupos de presión obtienen privilegios especiales. Sólo ellos pueden en absoluta impunidad bloquear vías de comunicación o agredir a policías y a ciudadanos. Las autoridades no pueden hacer más que ofrecer rendiciones incondicionales u otorgar más privilegios.
ESCUELA PÚBLICA
Los grupos que hacen manifestaciones y bloqueos siempre dicen que las autoridades quieren privatizar la educación. En realidad ellos son los principales responsables de deteriorar la calidad y la imagen de la educación pública. Parecería que son subsidiados por los dueños de escuelas privadas que quieren aumentar su negocio.
Twitter: @sergiosarmient4