Durango

Proponen cambios a Ley de Deuda Pública

LOS CINCO DIPUTADOS DE OPOSICIóN DE UNIERON

Iniciativa. Los diputados de oposición presentaron una iniciativa  que fue turnada a comisiones.

Iniciativa. Los diputados de oposición presentaron una iniciativa que fue turnada a comisiones.

CLAUDIA J. BARRIENTOS

Los diputados de oposición en el Congreso del Estado se unieron para presentar una iniciativa conjunta que propone reformas y adiciones a la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios.

Esto con el fin de propiciar que la legislación haga obligatorio un uso transparente, honesto, responsable y ampliamente justificado de los recursos públicos para poder abonar en la recuperación de la confianza ciudadana en sus gobernantes y representantes populares.

La iniciativa fue firmada por los diputados Felipe de Jesús Enríquez Herrera, María Trinidad Cardiel Sánchez, Israel Soto Peña, Juan Quiñones Ruiz y Ricardo del Rivero Martínez de MC, PT, PRD y PAN, respectivamente. Al respecto, Quiñones Ruiz expuso que uno de los cambios sustanciales propuestos es que no debe haber endeudamientos en el transcurso del año fiscal sino que las deudas se contemplen exclusivamente en la Ley de Ingresos.

Y es que, se ha vuelto una práctica común por parte de los alcaldes solicitar la autorización del Congreso para financiamientos que no fueron contemplados, lo que denota falta de planeación.

En la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis se planteó que no se debe autorizar deuda cuando las obligaciones financieras acumuladas resulten mayores al equivalente del 20 por ciento del importe total del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal en que pretenda contratarse el nuevo crédito, sin considerar los recursos obtenidos del mismo o en suma con las partidas presupuestales destinadas al pago de proyectos de inversión bajo el esquema de asociación público-privadas.

Asimismo, se busca establecer en la ley, a través de una adición al artículo 11, que las entidades sólo podrán contratar deuda cuando los recursos obtenidos de la misma se destinen a inversiones públicas productivas. "El Congreso o los Ayuntamientos no podrán autorizar la contratación de deuda para el pago de gasto corriente, reestructura, refinanciamiento o para cubrir adeudos pendientes".

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