Se ‘saltan’. Aseguran que se violaron varios derechos, pues el municipio debió de haber expedido una notificación primero.
Luego de que el Ayuntamiento de Saltillo clausurara el pasado fin de semana, cerca de 40 establecimientos dedicados a la venta y compra de autopartes, 70 propietarios acudieron las instalaciones de la Presidencia Municipal a protestar contra el cierre, pues aseguran que muchos no recibieron notificación alguna.
Con pancartas con leyendas como "Queremos seguir trabajando", "Jericó deberías pensar en la economía del estado", y "La venta de autopartes es una fuente de trabajo digna", cerca de 70 propietarios de negocios de venta de autopartes e incluso talleres, protestaron contra la nueva imposición del Ayuntamiento, al asegurar que la dependencia no ha podido argumentar el motivo de sus acciones.
"Estamos hablando de pérdidas diarias de entre 3 mil y cinco mil pesos por cada negocio. Al momento del cierre nos trataron como delincuentes y hubo agresiones por parte del grupo GROMS", alegó David González, afectado.
Según señaló el total de las personas afectadas es de más de 300 personas contando las familias de cada uno de los dueños de los negocios, pues de cada uno dependen hasta cuatro familias.
"Cerraron y en el Palacio de Gobierno supimos que necesitábamos un permiso, pero aquí no nos lo quieren expedir, además no sabemos sobre las sanciones que podría haber", expresó.
Por otra parte, Roberto Estrada, dueño de un negocio familiar, destacó que pese a que muchos buscan arreglar la situación, el municipio de Saltillo se ha negado a estudiar diferentes alternativas.
"En el taller de mi papá son 6 familias las que se mantienen y eso que es pequeño, pero hay más que albergan muchos trabajadores, por lo que no estamos de acuerdo con ello", resaltó.
Asimismo Ignacio Martínez Aguilar señaló que el 31 de enero del año pasado el Ayuntamiento les expidió a varios negocios una licencia de funcionamiento, la cual aseguraron era de carácter permanente.
"Hay personas que han sacado adelante a sus familias por cerca de 15 años. Por ello tendremos una visita a la sexta zona para hacernos una prueba e investigación para que no nos relacionen con la delincuencia organizada como se ha difundido en algunos medios", dijo.
Destacó que todos se encuentran dispuestos para dialogar y tramitar los permisos que se tengan que realizar: "Si el gobernador está creando nuevos empleos, con nosotros los está cerrando", apuntaron,
Por su parte, el abogado del grupo de propietarios, Juan Cristóbal Herrera, señaló que se violaron varios derechos, pues el municipio debió de haber primero expedido una notificación, luego un multa y en su caso la suspensión, no obstante aseguró que se saltaron varios procedimientos donde incluso se utilizaron grupos élite para amedrentar a los dueños y agredirlos.
