Una pregunta recorre el país: De llegar el sí del Congreso a la propuesta presidencial de reforma energética, ¿quién cubrirá el boquete en la recaudación en la promesa de aligerarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos para devolverle competitividad?
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa que plantea reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, la empresa pública tendría suficientes recursos para hacer frente a sus necesidades de inversión… calculados en 300 mil millones de pesos.
Aunque hasta hoy no se ha levantado el telón sobre el rumbo de la reforma hacendaria que se empatará con la energética, las filtraciones apuntan al escándalo.
Se habla de elevar la tasa del Impuesto sobre la Renta del 30 -de acuerdo a lo pactado con el Congreso, este año debió haber bajado a 29- al 36%, lo que implicaría correr en sentido contrario a Estados Unidos, donde la Casa Blanca planea reducir el tributo para promover mayor crecimiento económico.
El paralelo, se habla de elevar la tasa del Impuesto al Valor Agregado en materia de alimentos y medicinas del cero a la tasa general… con opción de elevar ésta de 16% al 18%.
En el otro lado de la balanza se dejaría exenta del tributo una canasta de alimentos básicos y el llamado cuadro básico de medicinas que utilizan las instituciones de salud social.
En paralelo, se eliminarían todos los privilegios fiscales, es decir el tratamiento laxo en materia del gravamen sobre renta a transportistas y productores de alimentos; la posibilidad de los grandes conglomerados de la consolidación fiscal, es decir el permitir empatar para efecto de declaraciones las pérdidas y ganancias de sus filiales.
Más allá, se habla de colocarle un tributo a las ganancias derivadas de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, eliminándose la exención del pago del Impuesto sobre la Renta a las compañías que crucen la venta de sus acciones en el piso de remates del mercado bursátil.
Lo cierto es que colocada en línea bajo la modalidad de los contratos de ganancias compartidas, mitad y mitad de los ingresos por la venta del petróleo para Pemex y para las empresas extranjeras o nacionales que exploren y exploten, una competencia feroz para la empresa pública, mantener el esquema tributario que se aplica a la paraestatal significaría apuntar a su ruina.
Del otro lado de la moneda, cerrada en el último minuto la posibilidad de "producción compartida", es decir la mitad del petróleo extraído es para el país, y la otra para la empresa que lo produzca, lo que habría implicado el que ésta lo comercializara donde quisiera, se ve difícil que las grandes firmas del planeta acepten las exiguas ganancias resultantes tras el pago obligado al fisco.
Por cada barril de petróleo que vende la paraestatal en un promedio de 100 dólares, la Secretaría de Hacienda se queda con 69.
De los 159 litros que contiene cada barril de petróleo, 117 se confiscan para las arcas públicas.
En el resultado final, la tercera parte de la recaudación total del Sistema de Administración Tributaria la aporta Pemex.
De acuerdo al artículo séptimo de la Ley de Ingresos de la Federación, a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere al artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, Pemex Exploración y Producción debe pagar diariamente, incluidos días inhábiles, 634 millones 528 mil pesos… en paralelo a otro abono de cuatro mil 453 millones 880 mil el primer día hábil de cada semana.
Mientras la carga fiscal a Pemex alcanza el 67.4 por ciento de sus ingresos, su similar de Venezuela tributa sólo 34.9%, en tanto la noruega Statoil paga sólo el 19 y la colombiana Ecopetrol apenas el 11.
La aportación de Pemex Exploración y Producción alcanza el 90% de sus ingresos.
La duda es hasta dónde se atrevería el gobierno a equilibrar la balanza, restándole carga a Pemex y aumentándola a los causantes.
La ruleta está girando.
BALANCE GENERAL
De acuerdo a la subsecretaria de Electricidad de la Secretaría de Energía, Lourdes Melgar Palacios, bajo el nuevo esquema propuesto por la reforma energética se evitaría la depredación de tarifas eléctricas que provocan las empresas que autogeneran, al vender sus excedentes a precios 10% o 15% inferiores a los que mantiene la Comisión Federal de Electricidad.
La paradoja del caso es que la paraestatal, o en su caso la Comisión Reguladora de Energía, no hayan denunciado el ilícito, dado que la Ley del Servicio Público de Energía, en que se apuntala ilegalmente la posibilidad de generación privada, solo le permite vender excedentes a las empresas de cogeneración, con un tope específico que se incrementó durante el sexenio zedillista.
Al igual que las generadoras independientes, éstas están obligadas a vender el fluido a la CFE.
Bajo el nuevo marco se podrá realizar directamente la venta a particulares, otorgándose la regulación del sistema transmisor a un órgano autónomo, quien le daría prioridad a la electricidad con menor costo de generación.
De acuerdo a la funcionaria, la ventaja sería para la CFE, dado que tiene procesos, por ejemplo, las nucleoeléctricas y las termoeléctricas, que son más baratos que las privadas.
El caso es que ante la escasez de gas natural, la CFE emplea combustóleos y diésel en sus procesos de generación, que son cuatro y seis veces más elevados que éste.
La funcionaria sostiene que con el nuevo marco jurídico se aprovechará el gas natural en los procesos de extracción de petróleo, que actualmente se quema o se deja evaporar.
MáS TLC CON EUROPA
Colocada en el paréntesis la posibilidad de ampliar el alcance del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hacia lo que en el vecino país llaman TLCAN Plus, la Secretaría de Economía está apuntando hacia el acuerdo con la Unión Europea.
La idea es profundizar los alcances en temas como inversión, compras de gobierno, propiedad intelectual, tránsito de mercancías y esquema de solución de controversias.
Estados Unidos y Canadá están negociando actualmente la posibilidad de un TLC con la propia Unión Europea.
¿CóNCLAVE INDUSTRIAL?
En las paradojas de la vida, hete aquí entre los ponentes en la Reunión Anual de Industriales a que convoca la Concamin, sólo está en la lista uno de ellos, el magnate Carlos Slim. El resto son funcionarios públicos.
El presidente del Grupo Carso dictará una conferencia magistral en el marco de una cena de gala, con el tema "Perspectivas de la Industria Global".
Durante el evento se entregará el premio "Ética y Valor", además de la tradicional medalla al mérito industrial.
En la catarata de oradores del sector público están los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo ("Una nueva estrategia de fomento industrial para el México próspero"); el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell ("Eficiencia energética para la modernización del país"); el de Hacienda, Luis Videgaray Caso ("Hacienda pública para el desarrollo competitivo e incluyente")…
Además participan el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza (Infraestructura y movilidad para el desarrollo industrial") y el del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida ("Una nueva cultura laboral para ampliar las oportunidades: Empleo digno").
A la clausura acude el presidente Enrique Peña Nieto.
