Declaración. Aseguran que la Policía Preventiva Municipal de Saltillo está certificada en derechos humanos.
Luego de que la Casa del Migrante señalara que cuenta con varios casos de agresiones a migrantes por parte de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo, el alcalde Jericó Abramo Masso aseguró que la corporación está certificada en derechos humanos, por lo que invitó a la organización a presentar pruebas sobre las acusaciones.
Abramo Masso informó que hasta la fecha no cuentan con ninguna denuncia de las acusaciones en contra de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo.
Además, señaló que no es correcto que se realice una mención si no se presenta un hecho específico.
"No es la forma de hacer una denuncia cuando no hay ningún elemento, pues se habla de una declaración sin ningún ejemplo, ni número de oficio", dijo.
No obstante, señaló que en conjunto con el director de la Policía Municipal, Clemente Yáñez Arreola, se encuentra en la mejor disposición de platicar con los integrantes de la Casa del Mirante con el fin de que se presenten fechas o mayores datos sobre los hechos.
Agregó que en lo que va del año se han depurado a más de 600 policías; asimismo, señaló que se han introducido a los elementos de seguridad a cursos en derechos humanos con el fin de que conozcan sus obligaciones y responsabilidades jurídicas.
Ante la solicitud que hará la Casa del Migrante al Congreso del Estado para eliminar al grupo de seguridad municipal, Jericó Abramo se limitó a señalar que éste ha trabajado en total apego a la ley, el cual está avalado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sobre el trabajo informal
El representante de la Casa del Migrante, Pedro Pantoja pidió al Gobierno Federal no criminalizar el trabajo informal.
Pantoja dijo que mientras que el Gobierno Federal no presente un plan de trabajo que incluya una economía justa que elimine la desigualdad, no se puede hablar de erradicar el trabajo informal.
Expresó que en México hay más de 28 millones de personas en la informalidad laboral y lo que debe de buscarse son protocolos para operar.
"Lo que pedimos es que no se criminalice a los pobres. ¿Qué va a pasar con las personas que venden aguas frescas en la calle y no tienen para pagar los impuestos que les imponen?", dijo.
La firma del Pacto contra el empleo informal fue el lunes. El Gobierno Federal se comprometió a combatir la informalidad laboral. Así como fomentar y facilitar la transición de los trabajadores en condiciones precarias a empleos socialmente útiles. Se estima que alrededor del 59% de la población laboral lo realiza de manera informal.
