La propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas, consensuada por organizaciones civiles y presentada ayer martes al Senado, plantea los lineamientos para la reparación del daño moral a quienes sufrieron violación de sus derechos humanos, y define tanto el hecho victimizante como a los afectados potenciales.
La aprobación y publicación de la Ley de Víctimas es un avance significativo, sin embargo el ordenamiento requiere algunas modificaciones a fin de fortalecer su aplicación y su ámbito de aplicación, subrayan los firmantes.
Entre otros temas proponen cambios para precisar el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos a que haya lugar, así como las atribuciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
El texto define el "hecho victimizante" como los actos y omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima, al tiempo que establece la reparación del daño. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a las garantías fundamentales reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forme parte.
Al Artículo 4 se agrega la definición de "víctimas potenciales", con el objetivo de establecer con precisión que a las y los defensores de los afectados por violaciones a sus garantías se les debe dar protección, en caso de que se vean amenazados sus derechos a la vida y la libertad. Realiza una adición para garantizar que las medidas de ayuda provisional se brinden durante el tiempo que se requiera, para que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata.
En el nuevo Artículo 31, plantea incluir a la Federación en el apoyo para gastos funerarios y especifica que este apoyo es para las víctimas indirectas cuando la muerte de la víctima directa haya sido por homicidio.
Esta propuesta fue consensuada por los dirigentes de las organizaciones México SOS, Alejandro Martí; Causa Común, María Elena Morera, y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia.
