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Empresa

Por Alberto Barranco

Paradojas de la vida: Mientras en España se le impone una regulación a las constructoras en la rebatiña por los escasos contratos públicos para evitar triquiñuelas, en México se le coloca el tapete a las firmas españolas para depredar el mercado en agravio de las mexicanas.

La embestida de empresas como Acciona, Azvi, FCC, Ferrovial y Aldesa apunta a ganar todas las licitaciones que está abriendo el nuevo gobierno mediante la fórmula simple de castigar sus precios.

El castigo en el país ibérico, más allá de multas, habla de inhabilitación para las empresas que ofrezcan posturas irreales en afán de desplazar a la competencia… para luego compensarse con sobreprecios o con uso de materiales de dudosa calidad.

Las reglas, ante la ferocidad con que se pelean los contratos en un escenario de vacas flacas, las impuso el Ministerio de Economía y Hacienda de la nación peninsular.

De haberse adoptado en la época zedillista la previsión en nuestro país, se habría evitado el bochornoso episodio de la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, en Nuevo León, que mantiene a Petróleos Mexicanos en litigio ante la los tribunales locales y la Corte en Nueva York.

Lanzada la convocatoria, hete aquí que el consorcio Conproca, integrado por las empresas alemana Siemens y coreana SK, además de la mexicana Tribasa, presentaron una oferta insólita de mil 700 millones de dólares, cuyo monto era insostenible para cualquier empresa mexicana, aún en alianza con extranjeros.

Para acabar pronto, la distancia entre la primera y la segunda oferta era de mil 200 millones de dólares. Lo demás usted lo sabe: las firmas presentaron reclamaciones que en principio ascendían, a 950 millones de dólares, por supuestos vicios ocultos en el contrato.

Al final de un farragoso túnel, llegaría una resolución del Tribunal Internacional de Arbitraje con sede en París que obligó a Pemex a pagarle a Conproca 500 millones de dólares, incluidos al principal y los intereses.

Por lo pronto, la Cámara Mexicana de la Construcción, que encabeza Luis Zárate, acaba de lanzar un alerta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La previsión se apuntala en la precaria condición de las matrices de las empresas ibéricas instaladas en el país, para quienes los contratos en México representarían algo más que un tanque de oxígeno. El banquete es más que apetecible.

De entrada, tras la larga atonía de finales del sexenio pasado, la SCT está lanzando la convocatoria para seis proyectos de mantenimiento carretero, entre ellos el de la llamada autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco, que dejó botada la empresa Gutsa.

El postre, sin embargo, lo constituye la autopista Siglo XXI que unirá Cuautla con Puebla, con la novedad de que su construcción tendría un subsidio de hasta 49 por ciento.

El contrato ronda los tres mil millones de pesos.

De llevárselo alguna de las firmas españolas, cuyas apuestas plantean castigos de hasta 15 ó 20 por ciento, el apoyo gubernamental se convertiría en ayuda para la causa de España.

Lo patético del asunto es que, a contrapelo de sus promesas al ingresar al país de realizar cuantiosas inversiones y traer tecnología de punta, en los últimos seis años las apuestas de las constructoras españolas establecidas en México han descendido un 85 por ciento.

Sin embargo, con apoyo de un sofisticado aparato legal, administrativo y técnico, las firmas lograron ubicar, decíamos, la fórmula mágica para ganar licitaciones: plantear ofertas imposibles de igualar por firmas nacionales… y luego rehacerse alegando aumentos en los costos de materiales.

En algunos casos la factura final se ha cargado hasta 200 por ciento de la oferta original.

Primero el contrato, después el pleito.

El temor de las firmas mexicanas es que el numerito se mantenga vivo en la coyuntura de la resurrección de las obras públicas.

¡Rediez!

BALANCE GENERALZ/strong>

Finalmente se apagó la única veladora que le quedaba a los trabajadores de Mexicana de Aviación en su esperanza de regresar a las pistas. La juez del concurso mercantil de la firma aérea, Edith Alarcón, bateó la oferta que había reservado el empresario minero Iván Barona.

De hecho, la togada la calificó de "frívola".

La exposición de motivos señala que el representante de BF International Mining Traders, no logró acreditar los recursos reclamados para el rescate.

El rechazo llegó justo cuando el administrador y conciliador de la compañía, Gerardo Badín, entregó el convenio concursal que acreditaba los acuerdos con los acreedores en materia de reestructura de las deudas, vía plazos y quitas.

El callejón para la empresa pionera en la aviación comercial en el país, pues, es cada vez más estrecho.

 PASE DE CHAROLA

Reelegido en el cargo por sólo tres votos de diferencia: 14 contra 11, con la novedad que de las 32 casas de bolsa existentes, cinco se abstuvieron de sufragar y dos no acudieron a la cita, ahora resulta que la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles está realizando una colecta para atender las exigencias de José Méndez Fabre.

Como lo dimos a conocer en este espacio, tras salir de la casa de bolsa Finamex el presidente del organismo plantea trabajar de tiempo completo… vía una remuneración.

El precedente podría contagiar al resto de los organismos de representación.

El caso es que como presidente Ejecutivo, Méndez Fabre debe tener un salario superior al del director general de la AMIB, Efrén del Rosal, quien percibe siete millones al año, incluidos bonos y prestaciones. El salario de Méndez Fabre sería de ocho.

Presidente Ejecutivo de lujo. El opositor, Álvaro García Pimentel, representante de la casa de bolsa Merril Lynch, perdió la oportunidad, dicen, por su carácter explosivo.

 HERDEZ Y NUTRISA YA

Finalmente el Grupo Herdez cerró la operación de compra de Nutrisa al adquirir el 99.82% de las acciones representativas de su capital. Cada uno de los papeles se cotizó a 91 pesos. El pago total será de 2 mil 971 millones de pesos.

 INVESTIGAN AUTOPARTES

De oficio, es decir sin denunciante al calce, la Comisión Federal de Competencia acaba de abrir una investigación por supuestas prácticas monopólicas en la producción y venta de aparatos para aire acondicionado de automóviles.

Según ello las empresas del ramo se coluden para manipular el precio y repartirse el mercado.

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