La reforma constitucional que votará hoy el Senado para regular la deuda de estados y municipios significará en los hechos un "rescate financiero", asegura Mario Delgado, senador por el PRD.
"No nos lleva al mejor modelo", dijo el legislador federal, pues deja atrás la estricta definición de deuda pública que se aplicó luego de Fobaproa y abre su definición al punto de considerar como "empréstitos y obligaciones" los créditos contratados por oganismos autónomos, empresas públicas y hasta fideicomisos.
La reforma permite a estados y municipios contratar créditos para refinanciamiento y reestructura, para cubrir las obligaciones de deuda de corto plazo y a los gobiernos estatales incluso para otorgar garantías respecto del endeudamiento de sus municipios. "Con las reformas a los artículos 76 y 117 constitucionales, podrán incorporar más conceptos a la deuda pública, incluidos los fideicomisos, que siempre se han manejado en la opacidad", advirtió el senador perredista.
La Secretaría de Hacienda tendrá la facultad de extender garantías a los estados para la contratación de deuda, en un esquema muy parecido al que opera en el Distrito Federal. "Esto convierte a Hacienda en una supersecretaría, la más poderosa en la historia, al otorgarle un enorme poder político en la relación con los estados, pues el límite de crédito al que accedan las entidades dependerá de la relación política con el gobierno federal", dice Delgado.
Si bien la iniciativa contiene algunos avances, como la posibilidad de que el Congreso pueda legislar en materia de responsabilidad financiera, lo cierto es que no es la reforma esperada, dice.
"Legislar en materia financiera sigificará que las leyes de ingresos y egresos de los estados consideren el marco macroeconómico del país. No puden decir que se crecerán por encima de la tasa del país y que por eso se puede endeudar. Tiene que haber armonización con el marco macro del país". No obstante, cuestiona el papel que desempeñará el Senado al sancionar los convenios que en su caso firmen con Hacienda los estados con un alto nivel de endeudamiento para acceder a la garantía federal.
"El Senado sancionará el plan de ajuste, no la deuda. Esto quiere decir que si hay que ponerle más impuestos a Sonora y reducirle el gasto social, pues lo vamos a sancionar nosotros".
Para el perredista, en la iniciativa hay un problema de fondo: "Se dice que el modelo de garantías abaratará el endeudamiento para los estados, pero el problema no es la falta de crédito, sino el abuso del crédito, la falta de transparencia, que en la opacidad se han contratado créditos muy caros y abusado de la garantía de sus participaciones".
Considera en cambio que un mercado abierto y trasparente de deuda pública, obligaría a las entidades financieras a la competencia mediante la oferta de mejores tasas de interés y criterios más transparentes de evaluación de riesgo."Pero eso es lo que se va a evitar con la tarjeta de crédito que dará Hacienda a cada estado, y cuyo límite de crédito dependerá de la relación política con el gobierno.
A panistas como el senador José María Martínez Martínez, tampoco satisface la reforma porque "me parece que no está resolviendo en fondo absolutamente nada de lo importante".
El legislador, quien se absutivo en la votación del dictamen, califica la iniciativa como un cambio cosmético, pues "no se consideran ni mecanismos de control; ni principios de transparencia, de rendición de cuentas y, sobre todo, porque no estamos topando los abusos irracionales de parte de los estados". Sin embargo, como en el caso de Delgado, reconoció avances con "la creación de un registro único de deuda y la atribución del Congreso de la Unión para legislar en esta materia", pero reiteró que lo importante no fue tocado, ni se está aprobando en este dictamen.
Los legisladores esperan que en el siguiente período ordinario de sesiones, al revisar las leyes secundarias de la reforma constitucional, se puedan fortalecer las medidas de control de endeudamiento.
Puntos a destacar
En el proyecto de refoma que vota hoy el Senado modifica los artículos 25, 73, 108, 116 y 117 de la Constitución, en materia de disciplina financiera de las entidades y municipios.
⇒ Se establece que el Senado, a través de la Comisión de Hacienda, podrá analizar los convenios que los estados y municipios pretendan celebrar con el gobierno federal para tener acceso al mecanismo de deuda estatal garantizada.
⇒ Después de su análisis, el Senado podrá objetar los convenios si considera que no son viables y prevé que los municipios muy endeudados que suscriban este tipo de convenios deberán informar al respecto a este órgano legislativo.
⇒ La Cámara de Senadores también conocerá los acuerdos suscritos por estados que no tengan un endeudamiento elevado, pero que buscan acceder a este mecanismo para reducir el costo financiero de su deuda.
⇒ Se le otorga al Estado la responsabilidad de "cuidar" que la hacienda procure el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera y, para ello, tomará en cuenta los ciclos económicos nacionales e internacionales, e incluirá su planeación en el Plan Nacional de Desarrollo.
⇒ El Congreso de la Unión podrá expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, las cuales deberán considerar el manejo sostenible de las finanzas públicas.
⇒ Las legislaturas locales tendrán la obligación de expedir sus propias leyes en la materia y aprobar los montos de endeudamiento por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
⇒ Prohíbe expresamente que los recursos de los empréstitos se destinen a cubrir gasto corriente.
⇒ Autoriza que se considere como deuda las operaciones realizadas por organismos descentralizados y empresas públicas, así como fideicomisos.
⇒ Faculta a los gobiernos estatales a otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito bajo condiciones financieras más favorables y se mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la Cuenta Pública correspondiente.
⇒ Obliga la creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones, que permitirá fortalecer la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento.
⇒ Instituye el Sistema de Alertas, que será "un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público".
⇒ Permite a estados y municipios contratar financiamientos de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal y "siempre que se liquiden totalmente a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente".
⇒ Prevé sanciones para funcionarios públicos responsables del manejo de deuda.
