Reforma electoral: negociación compleja

El gobierno de Enrique Peña Nieto y las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD pactaron la ruta de la reforma electoral, que incluye la creación de una ley general de partidos, de "una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales", y adelantar la toma de protesta del presidente del 1 de diciembre al 15 de septiembre, a partir de 2024.

Pero en el Congreso la agenda electoral quedó sepultada frente a la dictaminación de las primeras y únicas iniciativas preferentes del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y las impulsadas por el PRI a nombre del primer mandatario Enrique Peña Nieto. Y por lo pronto, no hay una fecha clara sobre cuándo iniciará la discusión de este tema.

El exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jesús Cantú Escalante, explicó que tanto la ley general de partidos como una autoridad electoral nacional son deseables para fortalecer el sistema democrático del país.

Pero advirtió que la negociación para sacarlos adelante no será fácil, ya que en ella no sólo estarán involucrados los propios legisladores, sino los gobernadores. Y es que para el investigador estos cambios mermarán el poder político de los Ejecutivos estatales para "apropiarse" del Congreso local y que su partido domine las alcaldías en los estados.

"Sigue habiendo una heterogeneidad en la calidad de los órganos estatales, hay órganos donde se puede tener plena certeza de su autonomía, pero hay otros que están cien por ciento subordinados al gobierno en turno o a una fuerza política. Esta partidización de los órganos electorales se da a partir de las cuotas o el reparto de las posiciones de los consejeros", explicó.

 LOS BENEFICIOS De acuerdo con el documento "Pacto por México", con esta reforma electoral se busca que los procesos "sean más baratos y transparentes".

La ley general de partidos deberá establecer con mayor claridad de lo que hace el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) lineamientos para elaborar los documentos básicos, la congruencia entre las metas cumplidas de un gobierno, sus compromisos de campaña y la plataforma electoral del partido que lo impulse; depuración de padrones de militantes, elección de dirigentes nacionales y estatales, así como de candidatos a cargos de elección popular.

Los ajustes que deberá hacer el Congreso incluyen reducir y dar mayor transparencia del gasto de los partidos y diminución de los topes de campaña.

"Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto", se explica en el documento.

Se busca establecer nuevas causales para anular una elección, entre las que destacan rebasar el tope de campaña; utilizar recursos al margen de las normas marcadas por el órgano electoral; comprar cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate.

El gobierno y los partidos políticos acordaron revisar los tiempos oficiales de radio y televisión "para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios; prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción".

Además, se busca fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros con recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto.

Gobierno federal y partidos políticos avanzaron hacia cerrar la brecha entre la elección federal y la toma de posesión del gobierno electo, a fin de facilitar el proceso de transición y reducir el período de convivencia de un gobierno saliente y uno entrante. En un primer acuerdo se estableció que a partir de 2024, la toma de protesta sea el 15 de septiembre.

 "DOS INGENUIDADES" Para el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, desde hace 200 años existen dos ingenuidades respecto a que los partidos o actores políticos se van a conducir correctamente a partir de reformas o cambios en la ley.

"Hemos creado un engaño colectivo de que ahora sí, con una verdadera reforma electoral, los partidos políticos se van a portar bien, y esto no ha ocurrido en los últimos 200 años, y no hay razón para que ocurra en el futuro cercano, a menos que cambiemos el chip de la legalidad e ilegalidad", explicó a propósito de su libro "Por una democracia eficaz".

En el Congreso aún no se toca la agenda electoral. Los proyectos presentados no se han dictaminado.

Por lo pronto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) y excoordinador de campaña presidencia de Josefina Vázquez Mota en el proceso electoral pasado, Roberto Gil Zuarth, presentó una iniciativa para regular a las casas encuestadoras. Pero aún no se ha dictaminado.

El eje del proyecto establece la necesidad de "visibilizar" cualquier conflicto de interés que pudiera tener una casa encuestadora, así como regular mayores controles públicos hacia estas empresas.

Se busca establecer claramente la relación de las encuestadoras con partidos políticos, así como el financiamiento para la elaboración de determinado estudio.

El vicecoordinador del área política del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas Rodríguez, se pronunció por garantizar que haya más regulación, pero en el terreno de los medios de comunicación.

El perredista Manuel Camacho Solís explicó que su bancada reflexiona en que más que una reforma electoral se requiere una reforma al sistema político.

"No creo que el punto sea cuáles son las reformas a cada artículo que evidentemente se tienen que hacer, sino el punto es situar la discusión del tema electoral en una reflexión del Estado y la política en el país. Necesitamos una reforma al régimen más que a la reforma electoral", concluyó.