La propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto potenció las oportunidades de consolidación de la democracia mexicana y de reposicionamiento de la izquierda mexicana, y todo indica que ahora sí las aprovecharán. Es Cuauhtémoc Cárdenas quien mejor captó ambas oportunidades al colocar la vía de la consulta popular como la alternativa ideal para decidir el destino del petróleo mexicano.
En agosto de 2012 se reformó la Constitución Mexicana para establecer en el artículo 35 la posibilidad de que "los ciudadanos, en número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores…" obliguen al Congreso de la Unión a convocar a una consulta popular "sobre temas de trascendencia nacional".
Los legisladores ya incumplieron la obligación, autoimpuesta en un artículo transitorio de la misma reforma, de elaborar las leyes secundarias que permitieran su plena implementación en un plazo máximo de un año a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el 9 de agosto del 2012, por lo cual el plazo venció el 9 de agosto de 2013. Ese incumplimiento de los legisladores hace pensar a muchos que dicha reforma es inoperable, pero Cárdenas y su equipo jurídico tienen una interpretación distinta y están dispuestos a recurrir a la Suprema Corte para que resuelva el diferendo. Este desafío de por sí es trascendente, pues su resolución sentaría un precedente muy importante.
Pero para poderlo plantear requieren contar con un millón 642 mil firmas de ciudadanos mexicanos debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores, pues hoy el número de enlistados es de 82'094,292. Juntarlos supone una logística mayor, pero dada la fortaleza y dimensiones de las organizaciones convocantes (PRD, Morena, PT y Movimiento Ciudadano, entre los partidos políticos), el peso en la opinión pública de las personalidades involucradas (Porfirio Muñoz Ledo, Miguel Concha, obispo Raúl Vera, Pablo González Casanova, Clara Jusidman e Ifigenia Martínez, entre otros), la importancia del tema y la relevancia de la propiedad del petróleo entre los mexicanos es viable hacerlo.
Esta movilización sería una acción sin precedentes en la historia mexicana y marcaría un parteaguas en la construcción democrática en México, pues significaría el triunfo de la ciudadanía sobre el Estado mexicano: una conquista ciudadana arrebatada por los cauces institucionales, seguramente acompañada de una amplia y creativa gama de acciones colectivas de protesta.
En el momento en que se consiga dicho triunfo surgirá un nuevo reto: lograr que en las elecciones intermedias del 2015 acudan a votar más del 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores elaborada para dicha ocasión y que la mayoría se pronuncien en contra de abrir a la inversión privada (nacional y extranjera) la industria petrolera mexicana.
De lograrlo no importa cuál sea el estatus de la propuesta presidencial, es decir, si ya fue aprobada, publicada y está en vigor o si decidieran posponer su aprobación al resultado de la consulta, pues el resultado de la consulta es vinculatorio para todas las autoridades competentes, incluyendo a los poderes Ejecutivo y Legislativo. En caso de que hubiese optado por la primera vía, sufrirían otro contundente revés y tendrían que dar marcha atrás en el camino andado.
Pero además, dado lo sensible del tema para los mexicanos, el incluir la consulta en las elecciones intermedias de 2015 seguramente provocaría una mayor afluencia de votantes y dados los posicionamientos actuales de los partidos políticos: PAN, PRI, PVEM y Panal, a favor de permitir la inversión privada; y PRD, PT y MC, por la negativa, los más beneficiados con esta copiosa afluencia pueden ser los partidos de la izquierda mexicana.
Si la izquierda mexicana logra procesar adecuadamente sus diferencias y presentar acertadamente sus posiciones ante el electorado mexicano (no pueden hacer coalición, porque al ser la primera elección de Morena, tiene que participar de manera independiente), pero sí identificar sus coincidencias, hasta podría suceder que por primera ocasión los partidos de izquierda fueran la primera fuerza en la Cámara de Diputados, lo cual los reposicionaría para la elección presidencial del 2018.
La convocatoria que lanzaron el miércoles desde la Cámara de Senadores y, muy especialmente, el llamado que hicieron el pasado jueves prominentes personalidades de la izquierda mexicana, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador muestra el poder aglutinador del tema, pues logró reunir nuevamente a personajes de la política mexicana que habían estado distanciados por años.
Las propuestas de reforma del PAN y Peña Nieto abrieron una gran oportunidad; la propuesta de reforma fiscal y la aprobación de la legislación secundaria de la reforma educativa, polarizó las posiciones política; y la reunificación de la izquierda mexicana (al menos para esta batalla) parecen ser la combinación ideal para catapultar la democracia mexicana.
Lo novedoso de la alternativa planteada en esta ocasión es que no implica simplemente manifestaciones públicas y protestas de los grupos directamente involucrados, sino que involucra una convocatoria amplia e incluyente abierta a toda la ciudadanía para unir fuerzas para hacer valer la soberanía popular, es decir, arrebatarles a los actores políticos la decisión de los asuntos públicos. Acción colectiva para lograr la primera consulta popular democrática (surgida de la demanda social) y por esa vía decidir el destino del petróleo mexicano. Hasta hoy el escenario es inmejorable, esperemos que la izquierda (porque es la única que lo puede hacer, por su posicionamiento contrario a la propuesta presidencial) lo capitalice para bien de México.
