XLo que obligó al realismo en parte de la propuesta fiscal del gobierno fue la desaceleración que se puede convertir en recesión en el tercer trimestre. En lo que toca a impuestos sobre las empresas, esto explica no sólo la dirección del proyecto, sino lo que representa una primera gran desviación de la filosofía imperante desde el final del sexenio de Miguel de la Madrid.
Dos ejemplos para ilustrar el cambio de filosofía. Uno es el impuesto sobre dividendos que México había abolido bajo el razonamiento de que los dividendos ya habían sido gravados como utilidades de las empresas.
El segundo es la cancelación de la depreciación acelerada de activos, misma que se suponía alentaba la inversión, al permitir a las empresas descontar de inmediato el costo total de estos activos de base gravable.
Ambos resultaban de una supuesta moda global a la que los funcionarios en México fueron cada vez más propensos desde hace 30 años. La realidad práctica es que Estados Unidos siguió gravando los dividendos, así como las ventas de paquetes de acciones de las empresas a través de la Bolsa o por fuera de la Bolsa.
Con esos y otros cambios que México hizo en su marco fiscal empresarial perdió progresivamente capacidad recaudatoria, precisamente en el sector más dinámico durante la globalización. Desde los 90, cuando hubo cuantiosas ventas de empresas mexicanas a extranjeros, el erario mexicano no participó de esos ingresos y sigue sin hacerlo. Aunque la propuesta de hoy impone un gravamen, el cambio de tratamiento a la venta de acciones en la Bolsa no está bien planteado, pero será materia de otra columna.
Lo relevante hoy es que fue la cruda realidad económica y social la que agotó el modelo fiscal que privilegiaba a grandes grupos empresariales. Fue evidente que la carga del pago de dicho impuesto distribuida entre asalariados y empresas llegó a ser tan inequitativa contra los primeros, que para casi cualquier político que quisiera mantener la gobernabilidad resultaba imposible ignorarla.
Hasta ahí, lo realista. Pero en materia de gasto el cambio es poco alentador y confirma que casi cualquier nueva propuesta tiene un fuerte acompañamiento de más gasto. Aun con evidencias de despilfarro y teniendo gran margen de acción, se decidió no hacer grandes recortes de la estructura burocrática.
Poco más emblemático que en la misma página de la prensa en la que se mostraron los aumentos de cargas a la clase media, se reseñó el evento deportivo de la Semarnat en Cancún con costo de 45 millones de pesos.
El problema del país es la falta de crecimiento y empleo. Y el problema fiscal comienza en el despilfarro del gasto. En la propuesta se proyecta que el gasto aumente en más de 500 mil millones de pesos y en gran medida es para más gasto social, el cual atiende los síntomas del poco crecimiento.
La pensión universal iniciaría a los 65 años, cuando en el mundo hay un esfuerzo por elevar la edad de retiro, precisamente por el costo agobiante del esquema. Los servicios médicos a los informales se ofrecen a través del IMSS, cuya estructura se puso al límite y ya está consumiendo sus reservas.
Estos nuevos programas se suman a otros, contra el hambre, los apoyos a la educación, seguro de vida a madres y muchos otros. Si bien la intención puede ser loable, lo preocupante es que eleva la base de gastos y transferencias que a la larga hacen más pesada la estructura de gobierno y quitan recursos que se podrían orientar a la inversión. Aquí está el riesgo fiscal de los próximos años.
