Plan fiscal. Luis Videgaray, secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados.
El entorno económico no es propicio para aumentar impuestos, elevar el déficit y realizar un gasto público que no tiene impacto en el crecimiento y desarrollo de México. En términos sociales es positivo que no se cobre IVA en alimentos y medicinas, no hay mecanismos eficaces para garantizar que la población disfrutará de mejores condiciones de vida como fruto de ello.
Tampoco hay garantías de que las empresas tendrán un entorno más favorable para incrementar su productividad y competitividad. La razón es bastante simple: el gasto de gobierno tiene escasa o nula eficacia en casi todos los rubros en que se utiliza. El problema no solamente es de transparencia o de que se canalicen recursos a sectores sindicales que los utilizan con fines políticos, en realidad el mayor cuestionamiento es que el gasto aplicado a rubros como educación, salud, seguridad pública y combate a la pobreza no da resultados.
En conformidad con los indicadores macroeconómicos del sector público del Inegi, el incremento total de su valor agregado fue de 0.5% en promedio anual durante el periodo 2007-2011. En servicios educativos la variación fue de 1.2% y para los servicios de salud y de asistencia social se reportó un aumento de 0.8%. No puede obviarse que en términos generales el gasto en educación pública de nivel medio superior y superior es regresiva: no tiene los beneficios esperados sobre la población más pobre. En realidad la aprovechan los mexicanos que han resuelto algunas de sus necesidades más básicas, como la de alimentarse, y que no deben trabajar durante su adolescencia. Los bloqueos en las calles resumen los problemas de la educación básica.
Además debe plantearse un hecho ya comentado: la ineficacia del gasto para abatir la pobreza. De acuerdo a las cifras publicadas por Coneval, más de 60 millones de personas tienen restricciones porque sus ingresos son insuficientes para tener un nivel de bienestar adecuado, la pobreza por ingresos señala que el modelo económico no funciona y de que el gasto público no puede resolver este desequilibrio. Justificar que el aumento en impuestos y el mayor endeudamiento resolverán lo antes citado es complicado, para ello debería presentarse una reforma que modifique la forma de medir la eficacia del gasto público, algo que no se hizo. De igual forma se necesitarían implementar profundos cambios en la administración pública, una reconfiguración en rubros estratégicos, cuestión que tampoco se presentó.
Poco se puede hacer bajo la inercia heredada, la estructura de la administración pública necesita cambios que deben comenzar desde la planeación y estrategia a seguir. Bajo dichas características es poco prudente aprobar un aumento al endeudamiento. Cada punto del PIB representa alrededor de 12 mil millones de dólares, casi todo el presupuesto de un año del Distrito Federal. El déficit propuesto para el 2013 y el 2014 implicarían casi 2% del PIB en deuda adicional, la cual habrá que pagar con intereses. Debe enfatizarse que ello es sin contar a todo el sector público, cuando se agrega a Pemex la situación de necesidades financieras se vuelve más inquietante.
Por tanto, el paquete fiscal presentado tuvo una buena y varias malas. La buena: no hay IVA a alimentos y medicina. Las malas: se tiene mayor deuda, impuestos sobre la renta, restricciones a la deducibilidad de impuestos para las personas físicas, incentivos para que las empresas disminuyan el pago de vales de despensa y algunas prestaciones sociales, IVA en educación privada y poco se indica de aumentar la eficacia del gasto de gobierno.
Rumbo al segundo año de gobierno, y con una desaceleración económica en marcha, se tiene la apuesta por una mayor recaudación para implementar los programas del Ejecutivo, sin embargo ello puede costar un freno a la actividad productiva y el consumo de los mexicanos.
Hay tiempo para avanzar
El sector empresarial del país afirmó que aún hay tiempo suficiente para lograr un paquete económico que permita avanzar en los cambios estructurales necesarios que se precisan en la reforma hacendaria.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, afirmó que la clave es el diálogo con apertura, el análisis técnico detallado y la consulta y la voluntad sobre todo de llegar a acuerdos por el bien común.
Tras subrayar que el compromiso de los empresarios con esta línea "es total", exhortó al Poder Legislativo a abrir el diálogo a las diferentes opiniones en torno a la reforma hacendaria, al considerar que existen inconsistencias en la propuesta del Ejecutivo federal.
En el documento semanal "La Voz del CCE", sostuvo que aún "tenemos tiempo suficiente para lograr un paquete económico que funcione para todas las partes y para avanzar en los cambios estructurales que se precisan en materia hacendaria.
Consideró que la propuesta dará pie a un marco fiscal responsable para 2014, siempre y cuando exista disposición de los legisladores y el gobierno de atender a las inquietudes, dudas y propuestas que tienen los contribuyentes, con una revisión a detalle y corregir todo lo que sea necesario.
Va fisco contra directores de empresa
Por considerar que es su obligación evitar el hecho delictivo, a partir del próximo año los administradores únicos, presidentes del consejo de administración o directores generales, podrían ser acusados de los delitos fiscales en que incurra la empresa, de aprobarse la reforma hacendaria.
Con ello, serían sujetos de sanciones penales, como la privación de la libertad, advirtió Raúl González Castillo, socio legal de Pérez Góngora y Asociados.
De acuerdo a la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, los artículo 95 A, B y C, proponen por primera vez responsabilizar de los delitos previstos en el código al administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio.
También contempla que los profesionistas contables o jurídicos o sus auxiliares y los agentes aduanales o sus auxiliares serán penalmente responsables de los delitos previstos en este código.
"Cuando derivado de un contrato, convenio o cualquier otro acto que implique asesoría o desarrollo de la actividad profesional, sugieran, asesoren, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a obligaciones fiscales que deriven en un delito fiscal", indica el artículo 95 B.
González Castillo dijo que hasta las personas morales, excepto las del Estado, también serán penalmente responsables de los delitos fiscales cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas.
El artículo 97, de la iniciativa, propone que la persona moral además de ser condenada a la reparación del daño, podrá ser sancionada de acuerdo a la gravedad del delito con una o varias penas y medidas de seguridad como: multa, decomiso, suspensión, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción o disolución.
Amenaza patrimonio de accionistas
La reforma hacendaria propone -en materia de responsabilidad solidaria- que si una empresa es incapaz de cubrir sus créditos fiscales, la autoridad federal cobrará a los socios o accionistas, en proporción a su participación. A través de la reforma al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el Ejecutivo federal advierte que a falta de pago de la empresa del o los créditos fiscales, dirigirá el procedimiento de ejecución en contra de los accionistas y su patrimonio particular.
"La responsabilidad de cada socio o accionista será hasta por el porcentaje de participación que éste tenía en el capital social durante el periodo o la fecha de que se trate al momento de causarse las contribuciones correspondientes", indica. Además propone incorporar, como responsables solidarios con los contribuyentes, a la figura de albacea o representante de una sucesión, en virtud de que dichas personas son las encargadas de cumplir con las obligaciones de aquellos cuyos bienes administran o en su nombre actúan o representan, advierte. Hasta este año, la responsabilidad solidaria de los accionistas aplicaba sólo si la empresa incurría en tres situaciones, que no se encontrara inscrita en el RFC; que cambiara de domicilio sin presentar el aviso correspondiente al Servicio de Administración Tributario, y que llevara doble contabilidad.
La iniciativa de reforma al CFF elimina esos supuestos, y finca responsabilidad solidaria a los socios o accionistas.
El fiscalista Francisco Saucedo calificó de grave la propuesta al fincar responsabilidad a los socios en función de su participación accionaria, y no conforme a lo que establece la Ley de Sociedades Mercantiles. Ejemplificó que bajo el supuesto de un adeudo fiscal de un millón de pesos, si la suma del capital aportado es de 100 mil pesos, éste es el monto máximo que hasta ahora puede cobrar el fisco a los accionistas, en este caso habría 900 mil pesos que no podría recuperar el fisco. Raúl González Castillo, socio legal de Pérez Góngora y Asociados, advirtió que la medida significará que para el fisco todos los socios son responsables solidarios, y por lo tanto tendrán que responder y cubrir los adeudos. "Definitivamente se está despachando con la cuchara grande, al fincarles responsabilidad solidaria directa en función de su porcentaje de participación accionaria", señaló.
Hay tiempo para avanzar
El sector empresarial del país afirmó que aún hay tiempo suficiente para lograr un paquete económico que permita avanzar en los cambios estructurales necesarios que se precisan en la reforma hacendaria.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, afirmó que la clave es el diálogo con apertura, el análisis técnico detallado y la consulta y la voluntad sobre todo de llegar a acuerdos por el bien común.
Tras subrayar que el compromiso de los empresarios con esta línea “es total”, exhortó al Poder Legislativo a abrir el diálogo a las diferentes opiniones en torno a la reforma hacendaria, al considerar que existen inconsistencias en la propuesta del Ejecutivo federal.
En el documento semanal “La Voz del CCE”, sostuvo que aún “tenemos tiempo suficiente para lograr un paquete económico que funcione para todas las partes y para avanzar en los cambios estructurales que se precisan en materia hacendaria.
Consideró que la propuesta dará pie a un marco fiscal responsable para 2014, siempre y cuando exista disposición de los legisladores y el gobierno de atender a las inquietudes, dudas y propuestas que tienen los contribuyentes, con una revisión a detalle y corregir todo lo que sea necesario.
Va fisco contra directores de empresa
Por considerar que es su obligación evitar el hecho delictivo, a partir del próximo año los administradores únicos, presidentes del consejo de administración o directores generales, podrían ser acusados de los delitos fiscales en que incurra la empresa, de aprobarse la reforma hacendaria.
Con ello, serían sujetos de sanciones penales, como la privación de la libertad, advirtió Raúl González Castillo, socio legal de Pérez Góngora y Asociados.
De acuerdo a la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, los artículo 95 A, B y C, proponen por primera vez responsabilizar de los delitos previstos en el código al administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio.
También contempla que los profesionistas contables o jurídicos o sus auxiliares y los agentes aduanales o sus auxiliares serán penalmente responsables de los delitos previstos en este código.
“Cuando derivado de un contrato, convenio o cualquier otro acto que implique asesoría o desarrollo de la actividad profesional, sugieran, asesoren, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, mecanismos vinculados con esquemas ilícitos o incumplimiento a obligaciones fiscales que deriven en un delito fiscal”, indica el artículo 95 B.
González Castillo dijo que hasta las personas morales, excepto las del Estado, también serán penalmente responsables de los delitos fiscales cometidos, por cuenta o a nombre de las mismas.
El artículo 97, de la iniciativa, propone que la persona moral además de ser condenada a la reparación del daño, podrá ser sancionada de acuerdo a la gravedad del delito con una o varias penas y medidas de seguridad como: multa, decomiso, suspensión, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción o disolución.
