Simplificando un poco, existen dos rutas para reformar en el servicio de transporte público en ciudades mexicanas: Negociar con los actuales concesionarios o licitar el servicio. La primera opción es atractiva porque reduce el potencial de conflicto con un grupo de interés poderoso. Sin embargo, limita seriamente el margen que tiene el gobierno para redefinir las reglas del juego e incrementa los costos del proyecto, pues hay que comprar la participación de los concesionarios con "apoyos", ajustes a la tarifa, o subsidios. La segunda opción es más complicada, pues implica confrontarse con los concesionarios y sufrir incertidumbre sobre la respuesta del mercado. Finalmente no hay certeza de que habrá operadores de calidad interesados en participar, y el diseño y promoción de las bases requiere tiempo y experticia técnica, que no siempre están disponibles.
Estas opciones no están enteramente contrapuestas. De hecho la amenaza de una licitación ayuda a que los transportistas tomen en serio la negociación, como ocurrió en Curitiba, Brasil. Igualmente, los contratos otorgados vía licitación frecuentemente terminan siendo renegociados, como sucedió recientemente en Santiago de Chile. Lo importante es entender que para reformar un sistema de transporte público laxamente regulado y controlado por asociaciones gremiales de transportistas, es necesaria una mezcla adecuada de garrotes y zanahorias, utilizada de forma consciente y estratégica.
Los gobiernos mexicanos tienden a preferir la ruta de la negociación. Los casos de Ciudad de México y León son los más famosos y exitosos, pero un análisis detenido demuestra que sus gobiernos cedieron mucho en el proceso, comprometiendo la sostenibilidad financiera de sus sistemas, y entregando parte importante de su governanza a los concesionarios. También hay fracasos menos sonados. Por ejemplo, a finales de los noventa, el gobierno de Puebla construyó la infraestructura para un corredor de tipo Metrobús, y el de Ciudad Juárez incluso adquirió una flota de camiones Volvo. Ambas ciudades tuvieron que abandonar sus proyectos cuando fracasó su negociación con los concesionarios, dejándolos sin tiempo ni condiciones para organizar una licitación.
Si se va a negociar, hay que tener claros los límites. Si se va a licitar, hay que tener claros los tiempos. Lo peor que puede hacer gobernante es ceder tanto en una negociación que la reforma resulte insostenible o irrelevante, o anunciar una licitación que no sea creíble o atractiva. Creo que lamentablemente ese es el escenario que enfrenta el Alcalde de Saltillo. El primero de enero anunció que: "Antes del 10 de abril habrá cambios en el sistema de transporte… con nuevas rutas, imagen, nuevo trato con usuarios." Vaya que vamos tarde. Esa promesa es de enero de 2010, durante su toma de posesión.
Han pasado varios abriles desde entonces, y el proyecto Saltibús sigue pendiendo de un hilo. Han sucedido cosas por supuesto. Los taxis de la ciudad están pintados de amarillo, el sistema de transporte tiene nombre y logotipo nuevo, y entró en operación un sistema de prepago. Sin embargo las rutas siguen siendo las mismas, los camiones nuevos ("con clima y calefacción") no han llegado, y el trato a los usuarios sigue siendo terrible. Apenas hace unos días un microbús arrolló a un niño de cuatro años. Más allá de la continua guerra de declaraciones entre los concesionarios y el Alcalde, lo cierto es que el municipio sigue sin controlar el servicio.
El Alcalde amenazó con una licitación, después anunció la creación de una empresa paramunicipal que operaría el servicio, después que el Ayuntamiento se asociaría que los actuales concesionarios y finalmente ofreció entregarles una nueva concesión -presumiblemente por 30 años- sólo por participar. Primero les exigía transformar sus asociaciones gremiales en una empresa única, después aceptó que fueran varias y finalmente autorizó que quedaran como cooperativas. Al principio hablaba de 230 camiones nuevos, después de 115 y finalmente de una primera etapa de sólo 90. Primero condicionó el aumento a la tarifa a la llegada de los nuevos autobuses, después al pago del enganche y finalmente aprobó el aumento cuando los transportistas firmaron un convenio prometiendo participar en el proyecto.
Ceder no es necesariamente malo. Sin embargo, el Alcalde autorizó el aumento a la tarifa hace un año, y los camiones nuevos aún no llegan, la empresa aún no está creada, el Ayuntamiento no tiene asiento en el fideicomiso que maneja los ingresos, y los conductores siguen sin recibir prestaciones sociales. El castigo anunciado hace un par de días fue cancelar el aumento y volver a poner en la mesa la licitación. Supongo que los transportistas ríen. En 3 meses tenemos elecciones, y seguro están negociando en otro lado.
Señores alcaldes: El voluntarismo no es estrategia.
