La seguridad es un asunto que va más allá de una lucha entre buenos y malos. Los altos índices delictivos que observamos en La Laguna en los últimos años no son sino el síntoma de una situación mucho más grave. El atorón económico en el que se encuentra la región, la ausencia del Estado en amplios sectores de las ciudades, la falta de planeación en el crecimiento de las urbes y la descomposición social, han generado un caldo de cultivo en el que los grupos criminales han echado raíces. Esta compleja realidad exige de las autoridades y la sociedad una visión distinta. No son suficientes las armas y el despliegue policiaco para recuperar los territorios perdidos. Hace falta una estrategia integral que ataque el problema de fondo y brinde a la población, sobre todo a la más vulnerable, alternativas de vida dentro de la legalidad. Creer que sólo la violencia institucional va a regresar la tranquilidad a las ciudades es apostarle a combatir sólo la superficie del problema.
Se necesita más que discursos para acabar con el fenómeno de la criminalidad. Decir, por ejemplo, que "no queremos a los delincuentes en Coahuila", como lo hizo el gobernador Rubén Moreira en el mensaje de su segundo informe, no sólo es innecesario, sino que va en contrasentido a lo deseado dentro de un marco de institucionalidad. Los criminales no surgen por generación espontánea, surgen en entornos propicios donde la ilegalidad, a veces, se erige como la única alternativa de supervivencia. La violencia estructural se reproduce en la individual y alimenta a la primera en un círculo vicioso. Hay que combatir a la delincuencia, sí, pero este combate tiene que hacerse con las armas de un estado de derecho y buscando, sobre todo, reducir las posibilidades de que los jóvenes sean seducidos por el camino de la ilegalidad. Responder a la violencia sólo con violencia institucional resulta a la larga más costoso.
Lamentablemente, en La Laguna hay zonas marginadas que subsisten gracias a la narcoeconomía. Droga, piratería, secuestro, extorsión, contrabando de armas y bienes de consumo, lavado de dinero, son para comunidades enteras opciones de vida. Esto es el reflejo de lo que describe la politóloga Suhayla Bazbaz, presidenta de la asociación Cohesión Comunitaria e Innovación Social, entrevistada la semana pasada en su visita a la región, como los vacíos dejados por el Estado que han sido llenados por el hampa.
Que ya no haya balaceras a cualquier hora del día y en cualquier parte de la ciudad es, sin duda, un avance. Que los homicidios hayan disminuido en 2013 en comparación con el número registrado en 2012 es un logro que no puede soslayarse. Pero esto no quiere decir que las adversidades se hayan superado. En la región todavía hay colonias donde la única ley que existe es la de los cárteles. Los asaltos y secuestros siguen golpeando a la sociedad. La ausencia de una alternativa real de desarrollo se sigue posando como negra nube sobre un amplio sector de la juventud.
Para Suhayla Bazbaz, quien contribuyó a la creación del documento "100 recomendaciones para la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez y El Paso", la fórmula es clara: sólo con la construcción de comunidad podrá haber seguridad. Es decir, la tranquilidad a la que aspiramos sólo puede ser consecuencia de la disminución de los factores de riesgo como el desempleo, la desigualdad, la falta de oportunidades, el hacinamiento, la carencia de servicios y espacios públicos, la desconfianza y descomposición social. Para ello, debe haber un cambio de paradigma: la sustitución de una estrategia basada exclusivamente en las balas por políticas públicas que motiven la participación de la ciudadanía en la construcción de soluciones.
La propuesta de Bazbaz, planteada en la conferencia "Un futuro para La Laguna: cohesión comunitaria y renacimiento económico e industrial", que impartió el miércoles pasado, es de largo aliento y tiene varias dimensiones: generación de capital social, cultura de la legalidad, interacción significativa entre los miembros de la sociedad, igualdad de oportunidades, sentido de pertenencia y reconocimiento de la diversidad. Y así como las balas, los recursos no son suficientes para conseguirlo.
En este contexto, resulta alentador el reciente surgimiento de numerosas asociaciones orientadas a la construcción de comunidad. Una de ellas es Renacer Lagunero (@RenacerLagunero en twitter), conformada por un grupo de ciudadanos de distintos ámbitos preocupados por la situación actual de la región, la cual tuvo a bien acercar la experiencia de Suhayla Bazbaz a La Laguna. Su misión es la de "organizar un movimiento cívico que concientice a los laguneros y al país entero sobre las causas profundas de la situación que actualmente padecemos a la vez que articula y orienta ánimos, inquietudes, demandas, proyectos y esfuerzos de la sociedad en torno al renacimiento de la Comarca en todos los ámbitos, para todos los laguneros y para todos sus municipios. Rescatando y revitalizando en el proceso, el espíritu y la identidad lagunera".
Entre sus objetivos destaca rescatar y revitalizar la identidad lagunera; construir ciudadanía; integrar y articular los esfuerzos de individuos, instituciones, universidades, organizaciones civiles, cámaras y grupos en torno a un mismo propósito; movilizar a la sociedad civil e incentivar la participación ciudadana; posicionar nuestra problemática, los efectos del centralismo y el abandono de los gobernadores hacia esta región en la mesa de discusión nacional, e impulsar el renacimiento económico, agropecuario e industrial de la región. Parece ambicioso, pero qué lucha no lo es. El gran reto está en la suma de esfuerzos de todos los sectores sociales en torno a un proyecto que abarque los distintos caminos para alcanzar el objetivo de hacer de la prosperidad y la tranquilidad de la región una realidad. Y para esto, como asegura Suhayla Bazbaz, "se necesita a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones, a los medios de comunicación construyendo comunidad". Bienvenida sea, pues, esta propuesta ciudadana.
LA DEUDA
En reciente entrevista con El Siglo de Torreón, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, aseguró que la deuda contratada en la administración de su hermano Humberto no se justifica. La declaración significa un cambio en la postura que hasta ahora había asumido el mandatario respecto al problema que heredó. Pero este cambio de discurso debe ir acompañado de acciones concretas para, primero, aclarar a los ciudadanos a dónde fueron a parar los 35 mil millones de pesos contratados en créditos, algunos de ellos de forma ilegal, y, segundo, llevar ante la justicia a los responsables de este desastre financiero. De no hacerlo, el intento del gobernador por desmarcarse de la irresponsabilidad de la administración anterior será infructuoso.
Dialoguemos en Twitter: @Artgonzaga
O por correo electrónico: argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
