El cercano relevo de las autoridades municipales en la Comarca Lagunera, renueva la exigencia ciudadana que pide una explicación sobre el estado de postración en que se encuentran las finanzas de nuestra ciudad.
A ello corresponde la reunión que tuvo lugar el lunes pasado, que tuvo por objeto analizar la situación financiera y administrativa del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón. La reunión fue convocada por los integrantes de la asociación civil Participación Ciudadana 29, quién invitó para tal efecto a los legisladores federales y locales de la región, de todos los partidos, tanto al Congreso de la Unión como a la Legislatura de Coahuila.
La deuda pública de la paraestatal alcanza la suma de cuatrocientos veintiún millones de pesos al día de hoy, y es diez veces mayor, que el pasivo recibido por Eduardo Olmos. Aunque algunos voceros del actual gobierno municipal priista, aducen que la mala situación financiera es histórica y que inició en administraciones precedentes de signo panista, los números no mienten: Jorge Zermeño entregó Simas con cero deuda; el priísta Salomón Juan Marcos elevó la deuda a cincuenta y dos millones; Guillermo Anaya la redujo a veinticuatro millones y finalmente, José Ángel Pérez entregó la empresa de agua a Olmos, con cuarenta y dos millones de pesos de pasivo.
Cada una de las administraciones del pasado reciente hicieron alguna inversión significativa que justificó en sus días la deuda en el nivel que a cada cual correspondió, como es el caso de la planta tratadora de tiempos de Salomón o los megatanques instalados durante el régimen de José Ángel sin embargo, a lo largo de trece años, en el periodo comprendido de 1997 a 2009, Simas operó con números negros es decir con una utilidad relativa que le permitió mejorar la infraestructura en los términos antes mencionados y además propició la reposición de las redes en el primero y segundo cuadros de la ciudad.
La actual deuda de Simas es producto del saqueo sistemático a que ha estado sometida en los últimos tiempos de Eduardo Olmos, aunque existen algunos voceros de la presente administración que insisten en señalar la inversión de los megatanques de tiempos de José Ángel, como la causa de la debacle. El argumento no se sostiene, y menos para explicar la multiplicación exponencial de la deuda a los niveles actuales, que ha crecido a razón de nueve millones de pesos cada mes, durante los últimos tres años ocho meses,
¿Qué harán el gobernador Rubén Moreira y el alcalde electo Miguel Riquelme respecto a la deuda de Simas?. La respuesta es que no harán nada efectivo, que se traduzca en una investigación para determinar las causas del colapso, ni el castigo a los responsables, ni la recuperación de los recursos saqueados.
La razón es muy simple. Bajo el esquema del moreirato la sustracción de recursos públicos forma parte de una política de estado, que financia la permanencia en el poder de un mismo grupo político. En el caso de Simas existe una verdadera ingeniería del saqueo, que a través de la asignación de contratos de obra sobrevaluados, compra la fidelidad incondicional de una red de empresarios cómplices del sistema. Otra parte de la operación utiliza la nómina del organismo para sostener a una porción de la estructura electoral del PRI y finalmente, la condonación de los adeudos derivados del suministro de agua disfrazado de ayuda social, es utilizado como moneda de cambio en tiempos electorales.
Todo lo anterior es detectable mediante una revisión administrativa y contable y por ello, la auditoría externa cuya práctica reclaman los integrantes de Participación Ciudadana 29, enfrenta la indiferencia criminal de los diputados locales priistas al Congreso de Coahuila, responsables de la aprobación de las cuentas públicas de Simas y el resto de los organismos públicos de nuestro Municipio y Estado.
