La alternancia política en México, lograda hace 13 años, no ha redundado en un mayor respeto a los derechos humanos en el país. Lejos de atajarse los rezagos, han surgido más. La semana pasada el Estado mexicano fue sometido al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad. Las recomendaciones recibidas en esta ocasión suman 176. En 2009, nuestro país recibió 83, la mayoría de las cuales volvieron a surgir en este año. Contrario al discurso oficial, la lista de pendientes en esta materia cada vez es más larga.
Las naciones agrupadas en el Consejo insistieron a México en temas como la eliminación de la tortura, la figura del arraigo y el fuero militar; el combate a la discriminación y la violencia contra mujeres, niños, indígenas e inmigrantes; la protección de civiles; la lucha contra la trata de personas; la atención efectiva de casos de personas desaparecidas, y la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
Si analizamos bien cada caso, podemos deducir que la mayoría de ellos están vinculados de alguna manera con el crecimiento de la ola de criminalidad que ha tenido el país en la última década y la ineficiente y errática estrategia aplicada por el Estado mexicano para frenarla. La descomposición de la seguridad pública y el desorden que priva entre las corporaciones encargadas de procurarla, ha traído consigo un deterioro generalizado de los derechos humanos. No sólo los gobiernos han sido incapaces de proteger a la población, sino que, incluso, han atentado, por negligencia o complicidad, contra los propios ciudadanos.
Aunque México llevó a la sede de las Naciones Unidas -en Ginebra, Suiza- la delegación más grande de la que se tenga registro, ésta solicitó cinco meses para responder a las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos. Será hasta marzo que el Estado mexicano emita una respuesta oficial a los planteamiento de los países evaluadores.
Y mientras el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se muestra satisfecho por el resultado de la sesión, organismos de la sociedad civil -como la Red Todos los Derechos para Todos o la Comisión Mexicana de Derechos Humanos- advierten que el gobierno de Enrique Peña Nieto no reconoce la gravedad de las violaciones cometidas en los últimos cuatro años.
El discurso oficial continúa divorciado de la realidad que se padece en este país, tal y como ocurría en 2009, cuando se lanzaron las recomendaciones que hoy, cuatro años después, no se han atendido. Con esta postura, no puede esperarse mucho del actual Gobierno federal en materia de derechos humanos.
