La creciente inseguridad en el Estado de Coahuila que hoy hace crisis, y la impunidad que prevalece respecto a los delitos cometidos al ser contraída la pavorosa deuda que afecta a las arcas públicas en esta entidad, obliga a considerar las alternativas de los coahuilenses, más allá de la ilusión según la cual los problemas deban resolverse en automático en virtud del cambio de gobierno a nivel federal y el retorno del PRI a la Presidencia de la República.
En efecto, a un mes de haber tomado posesión del cargo Enrique Peña Nieto, se advierte que la magnitud de los problemas del país rebasa a la Presidencia de la República y requiere trabajo en equipo; la colaboración tanto de los diversos actores políticos, como de la sociedad en su conjunto.
El aumento reciente de la violencia en nuestro Estado y el anuncio expreso del presidente en el sentido de que el tratamiento de la inseguridad a nivel nacional se avizora a largo plazo, son indicadores que interpelan a las autoridades locales que hasta el momento son vistos más como parte del problema que como solución.
La postura del moreirato que durante siete años mantuvo una postura de confrontación a la política del Gobierno Federal, sigue siendo un lastre ahora que Peña Nieto declara que continuará con la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Lo anterior se erige en amenaza, porque no existe ni en el discurso ni en los hechos del actual Gobierno Estatal, ningún elemento que en una relación de causa a efecto, ofrezca alternativa a lo que parece callejón sin salida.
Otra situación similar se presenta en el caso de la megadeuda y la impunidad que la acompaña, que contrasta con el reciente encarcelamiento de seis exalcaldes chiapanecos acusados de malversar fondos públicos, lo que en el caso de Coahuila resulta impensable mientras la misma familia y el mismo grupo político que llevaron al gobierno anterior a contraer el adeudo, permanezcan en el poder.
Mientras el pueblo de Coahuila espera que el gobernador como capitán del barco dé un golpe de timón, los compromisos políticos y familiares aconsejan lo contrario y Rubén Moreira responde con una extravagante propuesta relativa a una nueva Constitución para Coahuila, lo que implica una especie de refundación del Estado desde su cimiento legal, que frente a la experiencia desafortunada y nociva del moreirato pone los pelos de punta.
La pretendida nueva Constitución es ociosa. La propuesta del gobernador se advierte como una imposición ajena a la sociedad coahuilense a la que se plegará el Congreso Local si dicha sociedad lo permite, y opera como elemento distractor para evadir una realidad ruinosa, en la que ni la imaginación gubernamental ni los recursos del erario público, alcanzan para ofrecer al pueblo suficiente pan y circo.
Es momento de que los ciudadanos salten al circo de la política y despidan a los payasos. De nada valen las exigencias dirigidas a los gobernantes ineficientes para que renuncien al cargo si no pueden con él, si no van acompañadas de la decisión cumplida de operar un cambio en las próximas elecciones municipales.
El presidente de la República no puede hacerlo todo, por lo que no cubrirá los vacíos que deje el descuido, la lenidad o la corrupción de los gobiernos locales ni hará la tarea que corresponde a la sociedad civil como tal, ni en el tema de seguridad, ni en materia de transparencia y rendición de cuentas, ni en ningún toro rubro. De la participación del ciudadano de cara a las próximas elecciones municipales, depende que el actual grupo faccioso que se ha apoderado del gobierno de nuestro Estado y Ciudad, nos siga robando, espiando y atemorizando o sea despedido, con independencia de que los malos funcionarios renuncien voluntariamente o no lo hagan.
