El informe de la cuenta pública 2011, que la Auditoría Superior de la Federación entregó ayer a la Cámara de Diputados, confirma el desorden, la opacidad y la falta de control que priva en las deudas de estados y municipios.
El documento además lanza luz sobre la parte de responsabilidad que corresponde en el tema a los congresos locales, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hasta los bancos que, a pesar de las advertencia sobre el crecimiento acelerado de las deudas, sobre todo a partir de 2008, han extendido créditos a estados y municipios aun a riesgo propio.
La llamada de alerta, de acuerdo con la ASF, provino de la Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) -del cual forma parte la SHCP-, que en 2011 detectó que en la cartera total de créditos de los bancos, la porción que corresponde a estados y municipios creció de 4% a 9% entre 2007 y 2010.
El CESF advirtió además del "crecimiento significativo en la exposición al riesgo de la banca múltiple a los gobiernos de estados y municipios, al aumentar 125% entre 2007-2011", y alertó porque la principal fuente de pago de los créditos son las participaciones federales: 79 para 2011.
Es decir, la capacidad de pago de estados y municipios depende de los recursos que la Federación les transfiere como parte de la recaudación fiscal y los ingresos petroleros.
Algunas entidades incluso tienen comprometidos pagos que rebasan por mucho sus participaciones. Entre ellos Coahuila, cuya situación de deuda es una de las más preocupantes, junto a estados como Veracruz, Chihuahua, Nuevo León.
Estos estados forman parte del grupo de 9 entidades que la ASF identificó con una "situación crítica" de endeudamiento, pues concentran 42.4% de la deuda total subnacional. Hay 4 más en el siguiente nivel de "altamente endeudados, pero en situación controlable", que suman 25.9% del monto. Juntos, estos estados acaparan dos tercios del total de los créditos (68.3%).
La ASF advierte que "en situaciones más graves", las entidades no cuentan con ingresos suficientes para el servicio de la deuda (pago de las amortizaciones del capital y los intereses, gastos y comisiones anexos a éste).
CRECIMIENTO DE DEUDAS La ASF dividió en etapas el crecimiento de la deuda de estados y municipios y detectó que el crecimiento más acelerado corresponde al período de la crisis financiera internacional, que comenzó en 2008.
A partir de ese año, la deuda subnacional creció a un ritmo real de 18.9%, lo que significó un incremento de 67.9% entre 2008 y 2011, al pasar de 203,070.2 millones de pesos a 390,777.5 mdp al cierre de 2011.
Para la ASF, un problema de origen en las deudas de estados y municipios es su control: en la mayoría de los casos sólo inscriben una parte de su endeudamiento en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la SHCP. "En consecuencia, este registro reporta parcialmente el saldo de deuda pública de las entidades federativas", lo que arroja "discrepancias entre la deuda reportada ante la SHCP por los gobierno locales y la que éstos verdaderamente tienen".
El CESF, instancia de coordinación y regulación en materia financiera, reportó al primer trimestre de 2011 que la deuda pública subnacional presentaba una diferencia equivalente a 48,994.1 mdp, lo que constituyó un saldo adicional de 15.6%, en relación con la registrada en marzo de 2011.
La inconsistencia en la información, explica la ASF, se confirma si se comparan los montos publicados en el registro de Hacienda con los datos de las cuentas públicas estatales y "la diferencia obedece a que los estados y municipios sólo están obligados a registrar los endeudamientos que generan afectación a sus participaciones".
Advierte además que en ninguna de las disposiciones del Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios se establecen mecanismos de certificación, verificación y constatación de la autenticidad de la información que entregan estados y municipios cuando realizan su inscripción de obligaciones.
"Esta falta de transparencia en el saldo de la deuda de las entidades federativas y municipios, en conjunción con la opacidad prevaleciente en materia de finanzas públicas locales, impide precisar el monto total del endeudamiento subnacional adquirido, más aún, establecer cuáles son los verdaderos riesgos de sostenibilidad, vulnerabilidad y financieros que surgen de su elevado crecimiento", detalla la ASF en su informe de la cuenta pública 2011.
Así como la SHCP ha sido omisa en la revisión de cuentas de estados y municipios, también la CNBV ha eludido su responsabilidad legal en el tema, pues el artículo 4 de la ley que la rige señala que una de sus responsabilidades es "emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a la que se sujetarán las entidades", orientada a preservar la liquidez, la solvencia y estabilidad de las entidades financieras, apunta la ASF.
Tanto la CNBV y el CESF reconocen que no hay ley que limite el otorgamiento de créditos a gobierno locales por parte de las instituciones financieras, pues están no están obligadas a sujetarse a los límites máximos de financiamiento si celebran operaciones con el Gobierno del Distrito Federal, entidades o municipios, siempre que se encuentren garantizados o tengan como fuente de pago las participaciones federales.
Entre una larga lista de recomendaciones, el documento concluye en la necesidad de reformas legales que regulen el endeudamiento subnacional sin menoscabo de lo que corresponde a los gobiernos locales.
Esa es una de las tareas urgentes del Congreso.
