Riqueza. El patrimonio de Raúl Salinas se incrementó sustancialmente durante el período comprendido de enero de 1985 a abril de 1992.
Raúl Salinas de Gortari se enriqueció de manera desproporcionada entre 1985 y 1992, pero no es culpable del delito de enriquecimiento ilícito porque no hay pruebas de que fue corrupto en el ejercicio de los cargos públicos relativamente modestos que ocupó en ese lapso.
Lo anterior lo concluyó el juez federal Carlos López Cruz en la sentencia absolutoria del pasado 19 de julio, con la que puso fin a un juicio que duró 17 años y 3 meses.
"Los dictámenes periciales son idóneos para acreditar con total certeza que el patrimonio de Raúl Salinas se incrementó sustancialmente durante el período comprendido de enero de 1985 a abril de 1992, en una proporción que no es acorde con los ingresos que recibió por los cargos públicos que desempeñó", dice la sentencia de la causa penal 36/1997.
Salinas ocupó cuatro cargos en esa época, correspondiente a los sexenios de Miguel de la Madrid y de su hermano Carlos: en Conasupo fue gerente general de Diconsa, director general de Imconsa y director de Planeación y Programación Presupuestal de Conasupo; mientras que, de 1990 a 1992 fue Secretario Técnico del Comité de Evaluación de Programa Nacional Solidaridad, mediante un contrato por honorarios.
Para el juez está claro que Salinas se enriqueció mucho más allá de lo correspondiente a sus salarios por esos puestos, pero no hay evidencia de que aprovechó los puestos para dicho enriquecimiento, requisito central para acreditar el tipo penal por el que acusó la PGR.
En su declaración patrimonial de inicio de encargo en Diconsa, en febrero de 1983, Salinas dijo ser dueño de 17 inmuebles, en su mayoría departamentos, ubicados en diversas colonias del DF, Acapulco, Ixtapa, Querétaro, Puerto Escondido y Cuernavaca, con valor aproximado de 10.6 millones de viejos pesos, entonces equivalentes a unos 66 mil dólares. Además de joyas, obras de arte, menaje de casa, bienes muebles, colección de monedas y tres caballos, todos con valor de 9.6 millones de viejos pesos, entonces equivalentes a unos 60 mil dólares, y 14 cuentas bancarias y de valores y cuatro inversiones en empresas, todas en México, con valor total de 62.2 millones de pesos, iguales a 386 mil dólares.
En su declaración de final de en cargo en Pronasol, en abril de 1992, Salinas asentó un patrimonio de 3 mil 603 millones de viejos pesos, entonces equivalentes a 1.2 millones de dólares.
Sin embargo, la PGR acusó y el juez respaldó que el incrementó real en el período en cuestión fue de 161 mil 462 millones de viejos pesos, que para 1992 equivalían a 51.8 millones de dólares, tomando en cuenta el aumento en inmuebles, a 41, así como la evolución de la disponibilidad en las cuentas y el valor de las inversiones en empresas.
La teoría de la PGR era que Salinas aprovechó 207 de los 2 mil 218 millones de nuevos pesos desviados entre 1990 y 1994 desde la partida secreta de la Presidencia de la República hacia una cuenta en Banco Mexicano Somex, por instrucciones del entonces Director de Administración de la Presidencia, Ernesto Sentíes, ya fallecido.
