Los acontecimientos de las últimas dos semanas en Michoacán y Tamaulipas son una muestra fehaciente del rotundo fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado y un golpe devastador a la simulación del actual Gobierno Federal, que precisamente había pedido un año de plazo para mostrar resultados positivos.
Casi como si se hubieran puesto de acuerdo, los cárteles decidieron acabar con la aparente y relativa calma que había prevalecido en los últimos meses y trastornar, de nuevo, la vida de dichas entidades perpetrando todo tipo de crímenes y alardeando de su poderío y alcances.
En Michoacán los primeros enfrentamientos se suscitaron el jueves 26 de octubre, cuando grupos del Ejército y la Marina custodiaron a grupos de autodefensa para ingresar a la cabecera municipal de Apatzingán. Más allá del enfrentamiento inmediato, la respuesta del crimen organizado fue contundente: al día siguiente perpetraron ataques a 18 instalaciones de la CFE y gasolineras de la entidad, afectando a por lo menos 14 municipios de la entidad.
El pasado miércoles 6 de noviembre secuestraron al alcalde de Santa Ana Maya, Ignacio López Mendoza, quien a principios de año había denunciado las amenazas y el cobro de cuotas por parte del crimen organizado; al día siguiente se encontró su cadáver con huellas de tortura. Y dos días después, el director ejecutivo de la Asociación de Autoridades Locales de México, que aglutina a alcaldes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, denunció que al menos 250 alcaldes de 10 estados del país viven bajo amenazas y presiones de la delincuencia. El asesinato de López Mendoza se agrega al de otros 36 alcaldes en los últimos ocho años, únicamente en seis estados.
Hace casi siete años (el 11 de diciembre de 2006) el Gobierno Federal anunció el inicio del llamado Operativo Conjunto Michoacán, que incluía el envío de las fuerzas armadas mexicanas -principalmente del Ejército Mexicano- a dicha entidad para combatir a la delincuencia organizada; los acontecimientos de los últimos 15 días en ese estado son la muestra más palpable del rotundo fracaso.
Pero casi simultáneamente, el martes 23 de octubre, Reynosa, Tamaulipas, vivía una jornada de persecuciones, balaceras y bloqueos por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y, posteriormente, con elementos del Ejército Mexicano. También en este caso, dicho enfrentamiento era apenas el preámbulo de lo que sucedería el domingo 3 de noviembre en siete municipios del norte de dicha entidad, donde dos grupos del Cártel del Golfo se enfrentarían durante más de ocho horas. Oficialmente se reportaron 13 presuntos sicarios muertos; pero las versiones extraoficiales hablan de más de 20 muertos.
El lunes 4 de noviembre, la alcaldesa panista de Matamoros, Norma Leticia Salazar, llamó a la población a no salir de sus casas para evitar el riesgo de las balaceras, que eventualmente se podrían suscitar en la ciudad, pues tenían reportes del ingreso de camionetas con sujetos fuertemente armados.
Y, por si esto fuera poco, el viernes 8 de noviembre se reveló que la Policía Federal liberó a 61 migrantes secuestrados en hoteles y casas de seguridad de Tamaulipas, un día después de que Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración, reconociera que las bandas del crimen organizado dominaban las rutas de los migrantes.
Las respuestas del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fueron de enfado y muy desafortunadas. El martes 5 de noviembre reprobó las declaraciones de la alcaldesa de Matamoros y señaló que la funcionaria estaba mal informada sobre la estrategia para combatir la criminalidad y sólo alarmaba a la población, es decir, reprobaba la alerta emitida para protegerla.
Los hechos incontrovertibles eran que camionetas con miembros de la delincuencia organizada fuertemente armados transitaban libremente por las calles de Matamoros y el riesgo de enfrentamientos, entre ellos o con las fuerzas armadas, era alto. Frente a ese riesgo la alcaldesa optó por alertar a la población y participarle dicho riesgo; Osorio Chong, evidentemente optaba por ocultar la información e incrementar el riesgo para los habitantes de Matamoros.
En el caso de Michoacán, tras los atentados de la delincuencia organizada contra instalaciones de la CFE y gasolineras, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que sentenciaba: "La acción de los delincuentes no frenará las acciones que el Gobierno de la República ha emprendido para proteger a la población y combatir a los delincuentes que afectan a los michoacanos".
Pero tras el asesinato del alcalde y la denuncia del director de los alcaldes de izquierda, desnudaba la incapacidad del Estado Mexicano para frenar las acciones del crimen organizado: "No podemos ponerles un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada presidente municipal; ellos tienen que cooperar para regresar la seguridad a su municipio, y no pueden justificar la no participación con que están amenazados", señaló el viernes 8 de noviembre.
El problema es la incapacidad real de los presidentes municipales para enfrentar al crimen organizado, pues carecen de los recursos necesarios para ello, así que la única opción viable es contar con el apoyo de los gobiernos estatales o del federal. Si el federal también se declara incapaz de hacerlo, entonces la declaración previa era mera retórica y demagogia.
Los hechos evidencian que siete años después de la intervención de las fuerzas armadas y a 11 meses de la llegada del gobierno priista, supuestamente con una estrategia mejorada, en dos de las entidades donde se concentran los esfuerzos del Gobierno Federal para combatir al crimen organizado nada ha cambiado: los grupos delictivos controlan dichas plazas y aterrorizan a la población.
