El gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo, fueron señalados como beneficiarios de presuntos sobornos en la apertura de tiendas de la empresa Walmart en México.
El Congreso de Estados Unidos posee documentos que revelan que el director general de Walmart, Michael T. Duke, y otros altos funcionarios de la empresa fueron informados, por lo menos desde octubre de 2005, sobre los sobornos que su unidad en México dio a funcionarios locales y federales para abrir tiendas, entre ellos Graco Ramírez y el director del INAH.
Las nuevas pruebas recopiladas por un equipo de investigación a cargo de los congresistas Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, contradicen las declaraciones que el vocero de la empresa hiciera al diario The New York Times en el sentido de que los principales ejecutivos de la compañía en Estados Unidos desconocían las acusaciones de corrupción, mismas que destapó el rotativo neoyorquino en un amplio reportaje publicado en diciembre pasado.
Entre las pruebas se incluyó un correo electrónico entre el abogado Juan Francisco Torres Landa y la asesora general de Walmart International, Maritza Munich, de fecha 13 de octubre de 2005, en el que se asegura que se otorgaron "contribuciones para facilitar trámites en el Distrito Federal".
Señala que se hizo una contribución total de 2 de millones de pesos entregados en ocho partes, entre 2003 y 2004, y que el contacto principal para negociar esas contribuciones por parte del gobierno capitalino fue Graco Ramírez, a quien identifican como congresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque en ese año no lo era.
"Los pagos fueron hechos para facilitar los pasos con el Ministerio de Desarrollo Urbano que se encarga de otorgar las autorizaciones de impacto urbano para nuevas edificaciones", dice textualmente el correo electrónico.
El gobernador de Morelos rechazó cualquier nexo con Walmart y los sobornos.
Añadió que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien resulte responsable.
