Las personas que sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realicen trabajos de exploración submarina en aguas nacionales con el fin de descubrir o rescatar el Patrimonio Cultural Subacuático, serán sancionadas.
Para ello, la Cámara de Diputados acordó establecer penas de tres a 10 años de prisión y multas de mil a tres mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Las sanciones fueron aprobadas con 435 votos a favor, y se aprobó además incluir en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el concepto de Patrimonio Cultural Subacuático.
Dicho patrimonio se entenderá como todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años.
Entre ellas están los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, con su contexto arqueológico y natural.
También están los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto a su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico.
Quedan, además, exceptuados los buques y las aeronaves de Estado extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.
El dictamen precisó que quienes encuentren Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la Zona Económica Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana.
Esta autoridad expedirá la constancia oficial del aviso o entrega, en su caso, y tendrá que informar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dentro de las 24 horas siguientes para que esta institución determine lo que corresponda.
De acuerdo con el organismo, cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de México, son cada año presa de los caza tesoros marinos.
Se tienen registradas hasta 250 embarcaciones hundidas en la zona del Golfo de México, mismas que están expuestas a la rapiña y el saqueo de aventureros que borran las huellas de nuestros antepasados, así como a la inconsciencia de turistas que destruyen y roban parte de los vestigios.
Al fundamentar el dictamen, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto López González, señaló que en el país está amenazada la conservación de la riqueza cultural subacuática, por lo que es fundamental armonizar los convenios internacionales suscritos con las leyes actuales.
Es importante, abundó, reconocer al Patrimonio Cultural Subacuático como parte de la propiedad cultural de la nación y elemento esencial en la historia del país, con lo que se asegura el respeto al derecho internacional.
Este patrimonio, aseveró, “habla de lo que fuimos y de lo que somos, aunque distantes a simple vista, ya que se encuentran sumergidos, y la preocupación por su preservación es del interés de muchas naciones que se preocupan por mantener intacto su pasado para ofrecérselo a su futuro”.
Mientras que la representante de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González, resaltó que el dictamen constituye un acontecimiento inédito.
El Patrimonio Cultural Subacuático, por su misma naturaleza y contexto, se encuentra fuera del alcance y observancia que podría tener cualquier fuente histórica o restos de carácter arqueológico, precisó.
Tradicionalmente, se han encontrado fuera de la protección de las leyes federales en esta materia.
“Dichos objetos, algunos cotidianos y otros más con valor económico intrínseco, están marcados por una gran significación cultural y artística que, como cualquier otro bien de esta índole, debe ser protegido por el Estado mexicano”, destacó.