Los casos de tortura en México se han multiplicado por seis en los últimos cuatro años y no hay una política de investigación ni seguimiento al respecto, advierten organismos no gubernamentales.
Los organismos acusaron ayer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno mexicano de no integrar los derechos humanos a su política pública y carecer de acciones concretas para poder cambiar el rumbo del país en este sentido.
Hoy miércoles México será evaluado bajo el esquema de Examen Periódico Universal (EPU) en materia de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra. La anterior vez que el país fue sometido a evaluación fue en 2009.
En ese entonces, México rechazó nueve recomendaciones relacionadas con el arraigo, la militarización, la definición de delincuencia organizada y la investigación de delitos del pasado.
"En estos cuatro años no vemos ningún avance, a pesar de que algunas (de las recomendaciones) se rechazaron diciendo que ya estaban tomando acciones siguen sin ser implementadas, siguen siendo materia de preocupación a la fecha", dijo Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
En el caso de la tortura, Joloy comentó que "el protocolo de Estambul no se aplica, en el informe del Estado se dice que hay 99 investigaciones abiertas por tortura, pero no hay ninguna sentencia, la tortura no se combate en México".
Por su parte, Javier Hernández, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, consideró que la transición de gobierno ha dejado pendiente la aplicación de mecanismos para resolver los temas de derechos humanos.
"En México no podemos volver a inventar la rueda cada vez, tenemos que apostarle seriamente a corregir aquello que, en el diseño, pudimos habernos equivocado, o sobredimensionado, o interburocratizado; es inevitable pasar por ese camino", dijo.
