En el año 2002, en el escenario de una investigación contra la empresa alemana Siemens por parte de la Securities and Exchange Commision de los Estados Unidos por supuesta entrega de sobornos para recibir contratos, salió a relucir un caso que salpicaba a México.
De acuerdo a ello, la firma germana, acusada de actos ilegales en Argentina, Venezuela, China, Rusia, Bangladesh, Vietnam y Nigeria, le había otorgado 2.6 millones de dólares al empresario Jaime Camil, cuyo destino final había sido el bolsillo de un alto funcionario de Petróleos Mexicanos.
El recurso habría avalado la obtención de un contrato otorgado en 1997 a la empresa alemana en sociedad con la coreana SK Engineering and Construction y la mexicana Tribasa, para reconfigurar y modernizar la refinería de Cadereyta.
Lo curioso del caso es que había una diferencia abismal entre la oferta presentada por las firmas integradas en un consorcio denominado Conproca, y la planteada a su vez por el Grupo ICA, quien presentó la segunda oferta más barata.
Mientras Conproca planteaba un pago del mil 700 millones de dólares bajo el prisma de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pideregas), la principal constructora del país solicitó tres mil 400.
Con tal diferencia, pues, era absurdo hablar de soborno, sobre todo cuando ICA se apegaba más a la realidad de los costos.
Sin embargo, al fragor del escándalo, la Procuraduría General de la República abrió una investigación sobre el caso, al final de la cual no se encontró evidencia alguna de compra de voluntades.
El empresario había cobrado los recursos por concepto de comisión por la intermediación del contrato.
La paradoja del caso es que una década después volvió a surgir el asunto en la coyuntura de la exigencia del consorcio Conproca de hacer efectivo un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, que condena a Petróleos Mexicanos al pago de 350 millones de dólares más intereses, 500 en total, por supuestos vicios ocultos y trabajos adicionales no previstos en el contrato.
Colocada por la empresa pública una denuncia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en afán de invalidar la resolución de la discordia, se replanteó la denuncia, ahora con el aval del testimonio notariado de un exfuncionario de Siemens.
Estamos hablando del que fuera abogado general de la empresa germana, Peter Paul Miller, quien señala que el exdirector financiero de ésta, José Querubín, le entregó el recurso señalado a Camil… para entregarlo a un alto funcionario de Pemex.
El problema es que se omite la fecha del pago, en la opción de plantear que éste apuntó hacia el beneplácito de la paraestatal a los pagos adicionales reclamados por Conproca, es decir no para la obtención del contrato.
Naturalmente, el enredo le dio pauta al consorcio para señalar que el declarante nunca participó en la ejecución conjunta de las empresas y que durante 12 años de proceso legal ante la Corte Internacional de Arbitraje Pemex nunca presentó alegatos de corrupción o de sobornos.
Lo curioso del caso es que Siemens a su vez, como si pintara su raya de Conproca, se defendió por su lado, señalando que no había solidez en la acusación replanteada por Pemex tras solicitar una tregua.
Lo cierto es que el alud creció ante la obstinación de los abogados de la paraestatal de no llegar a un arreglo cuando estaba en proceso el arbitraje, en un escenario en que la paraestatal había planteado sus propias reclamaciones por trabajos inconclusos y materiales de mala calidad.
Y lo cierto es que el punto fino del problema que coloca en entredicho la verticalidad de la Corte Internacional de Arbitraje como garante de equidad en disputas entre firmas internacionales, es el absurdo de la paraestatal en haber aceptado un contrato a todas luces en desventaja.
La faltó, pues, asegurarse de cómo iba a cumplir la firma con precios tan castigados.
Y lo cierto, por lo demás, es que a la empresa pública le falta puntería para colocar sus disparos hacia quienes avalaron las obras que no reunían la calidad reclamada.
¿Se acuerda usted de la sentencia popular de lo barato cuesta caro?
BALANCE GENERAL
En un giro de 180 grados frente a la tradicional opacidad del organismo, la reforma financiera pactada en el marco del Pacto por México le exige a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores transparentar en todas sus fases los procedimientos sancionatorios contra intermediarios financieros o bursátiles que violen la ley.
La obligación, pues, se inicia desde la revelación de los nombres de los presuntos infractores y el entorno, hasta el monto de la sanción correspondiente.
Se acabó, pues, la protección a los tramposos.
¿Se acuerda usted que hasta que el banco inglés HSBC, quien se adjudicó el que fuera Bital, se declaró culpable en un procedimiento de lavado de dinero en Estados Unidos, se supo que en México se le había impuesto una multa por el mismo delito?
¿Se acuerda del sigilo con que se manejó el caso Comercial Mexicana en que la emisora se jugó literalmente su capital en riesgosas apuestas en los mercados de derivados?
MEXICANA EN EL CALLEJóN
Una de dos: la juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, le da luz verde al único postor que se mantiene vivo, es decir la firma Fides Gestión Financiera, o de plano declara desierta la convocatoria lanzada en enero pasado.
De ser así, el siguiente paso será declarar en quiebra a la empresa aérea, abriendo un periodo para finiquitar con sus escasos activos, la deuda laboral, fiscal y con sus acreedores, en ese orden.
El remate incluiría el registro de la marca; los activos de la empresa de mantenimiento, cuya validez le da las calificaciones obtenidas; los nueve aviones que pignoró al Banco Nacional de Comercio Exterior, y aún las rutas y los slots asignados.
En el plano contrario se firmaría un convenio concursal para establecer la forma de pago vía un escenario en que la recuperación alcanzaría en algunos casos apenas cuatro centavos de peso de deuda.
ASL AL FIN
Cuatro años después la Comisión Federal de Telecomunicaciones se prepara para dictaminar, finalmente, el proyecto de consolidación de áreas de servicio local, es decir el que dejen de considerarse zonas de larga instancia comunidades próximas para efectos de llamadas telefónicas.
Al esquema se había opuesto Teléfonos de México, al considerar que la distribución favorecería a la competencia que no tiene las redes suficientes para interconexión.
El asunto dio un largo paseo por los tribunales.
