Implementar el apagón analógico en Tijuana, Baja California, precisamente en el tramo final de las campañas electorales para renovar la gubernatura de la entidad es un error imperdonable en la planeación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pues inevitablemente habría familias afectadas que lograrían un clima propicio para sus demandas.
Por más que el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, señale que fue una decisión técnica no política, la realidad es que ninguna disposición de una autoridad está exenta de un ingrediente político (entendida la política como la intervención en los asuntos públicos) y, por lo tanto, por más que los estudios técnicos señalen una determinada fecha, la determinación final debe analizar el momento y las circunstancias de esa coyuntura, precisamente para no provocar situaciones inmanejables.
En este caso el proceso técnico indicaba que el 28 de mayo de 2013 se podría implementar el llamado "apagón analógico" en dicha ciudad, porque para ese momento los concesionarios estarían en condiciones de brindar el servicio por los canales digitales y la inmensa mayoría de la población de la ciudad (el 93% según la Cofetel; entre el 80 y el 85% según Televisa) de recibir en sus domicilios dicha señal, porque contarían con pantallas digitales o el decodificador que les permite ver la señal digital en su aparato analógico.
Sin embargo, se olvidaron que en esa fecha faltarían exactamente 5 semanas para el cierre de las campañas para la renovación de la gubernatura, los 5 ayuntamientos y el Congreso del Estado, es decir, el cambio total del Poder Ejecutivo y Legislativo. Pero, sobre todo, se les olvidó que Tijuana concentra a la mitad de los electores de la entidad, por lo cual resulta el centro de atención de los candidatos a la gubernatura.
Y argumentar, como lo hace De Swaan, que el apagón no afectará el proceso electoral es muy temerario si uno analiza detenidamente los números. Suponiendo sin conceder (como dicen los abogados) que la población de Tijuana que no tiene acceso a la señal digital es únicamente el 7% de los hogares y que los electores de dicha ciudad se distribuyen equitativamente en dichos hogares, significa que los potenciales electores que dejan de recibir la señal de televisión son 83 mil, que representan el 3.5% de los 2,360 millones de electores del Estado.
Pero el problema se complica más cuando se revisan los números de las pasadas elecciones y de las encuestas de la presente elección. En la elección de 2007, José Guadalupe Osuna, candidato panista derrotó a Jorge Hank Rohn, candidato tricolor, por 53 mil 883 votos. En aquella ocasión acudió a las urnas el 41.11% de los potenciales electores, si hoy sucede lo mismo y se mantuviese la misma distribución de la votación, la diferencia ahora sería de 61,126 votos.
Sin embargo, de acuerdo a una encuesta publicada por los Periódicos Healy, el viernes 31 de mayo, Fernando Castro Trenti, candidato de la coalición Compromiso por Baja California (conformada por el PRI, PT, PVEM y el partido estatal Encuentro Social), tiene el 37.6% de las preferencias electorales contra el 32.3% de Francisco Vega, candidato de la coalición Unido por Baja California (conformada por el PAN, PRD, Panal y el Partido Estatal de Baja California), es decir, una diferencia de 5.3 puntos porcentuales, que es menor a la de hace 6 años, con lo cual en este caso la diferencia de votos sería únicamente de 51,423.
Como puede verse en todos los casos la diferencia de votos es menor al número de potenciales electores que no recibirían la señal de televisión de mantenerse el apagón analógico, con lo cual es lógico que todos los involucrados en el proceso electoral levantaran la voz para solicitar su posposición hasta después del 7 de julio. Finalmente el viernes 31 la Cofetel tuvo que ceder a las solicitudes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, del Comité de Radio y Televisión el Instituto Federal Electoral y de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y decretar la suspensión hasta el 18 de julio, es decir, 11 días después de la jornada electoral.
Aunque se contempló el subsidio público para la compra de decodificadores también se sabía que al momento del apagón habría hogares sin receptor digitales ni decodificador, así que haber llegado a la fecha con únicamente un 7% es realmente un éxito, pero haberlo programado para la etapa final del proceso electoral es un error garrafal.
Tijuana es la primera ciudad de la República Mexicana donde se implementa el apagón analógico y se debe aprender de esta experiencia, tanto para analizar muy bien las fechas puntuales para implementarlas como para atender la necesidad de decodificadores de la población con menores recursos, que son los que seguramente se quedaron sin señal.
Desde luego que Televisa aprovechó el momento para montarse en la demanda de posposición y ya es conocido que los concesionarios siempre lucrarán con las pifias de las autoridades, así lo han hecho históricamente, así que los servidores públicos tienen la obligación de ser más rigurosos en sus decisiones para evitar brindar estas oportunidades. Deben recordar que en los asuntos públicos, por más técnico que sea el tema, jamás pueden olvidarse los aspectos políticos (que no es lo mismo que partidistas, pues los primeros buscan maximizar el beneficio público y los segundos el de un determinado partido político). Implementar el apagón analógico en plenas campañas electorales fue un error político que pagó caro la Cofetel y que no debe repetirse.
