Poco después de que un sujeto armado mató a 20 niños y seis profesoras en una escuela primaria en Connecticut, el congresista Mike Kelley presentó un proyecto legislativo que habría permitido a los maestros la portación de armas ocultas en las aulas de Misurí, como una forma de establecer una "línea de defensa" contra otros posibles agresores.
En las semanas siguientes proliferaron iniciativas similares en estados encabezados por los republicanos, y la Asociación Nacional de Portadores de Armas (National Rifle Association o NRA) convocó al despliegue de agentes armados en cada una de las escuelas del país.
Pero menos de cuatro meses después, las propuestas de poner armas en las escuelas se han estancado, incluso en estados que tradicionalmente han defendido el derecho a portar pistolas, ante la oposición del profesorado y de algunos gobernadores. Dirigentes legislativos han mostrado posturas ambivalentes al respecto, y han preferido centrar su atención en iniciativas económicas.
La pérdida de impulso de estos proyectos pone de manifiesto lo difícil que sería llevar adelante cualquier legislación sobre las armas de fuego, ya sea una que imponga más restricciones a su tenencia u otra que amplíe los derechos de su portación.
Desde la matanza del 14 de diciembre en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, los legisladores en ese estado y por lo menos en otros tres —Colorado, Maryland y Nueva York— han aprobado medidas significativas de control de armas. El ataque en Newtown ocurrió menos de cinco meses después de que otro sujeto armado mató a 12 personas y dejó heridas a 70 en una sala de cine en Colorado.
Hasta ahora, Dakota del Sur es el único estado que ha respondido con una nueva ley para permitir que el personal escolar porte armas de fuego dentro de las primarias y secundarias. Una propuesta similar se encamina a su aprobación en Kansas. Y Arkansas ha promulgado una nueva ley para que el personal que cuente ya con licencia para portar armas ocultas pueda llevarlas a instituciones de educación superior.
Pero Kelley ha dejado en la congeladora una legislación que habría permitido al personal escolar en Misurí la portación de armas de fuego si es que contaba con permisos para portarlas ocultas. Su legislación nunca se atendió en una audiencia pública, pese a que Kelley es uno de los coordinadores de la mayoría republicana en la cámara baja, y tiene entre sus responsabilidades la de reunir apoyo de sus correligionarios a las iniciativas de ley.
Kelley, miembro de la NRA, trató de encontrarle el lado positivo al desdén que frustró su proyecto.
"Esto ha logrado lo que yo más quería: llamar la atención de las escuelas sobre sus problemas de seguridad", dijo.
El líder de la Cámara de Representantes en Misurí, Tim Jones, prometió la semana anterior que las supermayorías republicanas en el estado aprueben todavía algún tipo de medida en favor de la portación de armas durante este año. Pero difícilmente esas iniciativas incluirán la de armar a los profesores.
