Altercado. Integrantes de la CNTE intentaron instalarse en las banquetas, a un costado de los comercios, en la avenida Plaza de la República, pero policías lo impidieron.
De manera oficial, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han suscrito una minuta y dos documentos para buscar una solución al conflicto, en los cuales no se habla de negociaciones salariales, plazas o flexibilización en la Reforma Educativa, como lo han declarado los líderes magisteriales.
Los documentos de Gobernación contrastan con las declaraciones de los maestros disidentes, quienes han expresado ante medios de comunicación supuestos acuerdos con la dependencia para el pago de salarios retenidos, plazas o sumas de hasta 15 millones de pesos (en el caso de Oaxaca) para programas de capacitación de docentes.
De acuerdo con documentos obtenidos por medio de la Ley Federal de Transparencia, del 1 de febrero al 18 de octubre, el último documento suscrito entre ambas partes es el del 23 de agosto, el cual está firmado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y dirigentes de la CNTE, en el que el encargado de la política se comprometió: "En el ánimo de tomar en cuenta sus propuestas, aportaciones y derechos laborales, ha solicitado (Gobernación), con estricto apego a la división de poderes, que los integrantes de las juntas de coordinación política de las cámaras de Diputados, Senadores y comisiones respectivas, reciban a los maestros para intercambiar ideas, inquietudes y dudas, a efecto de llegar a conclusiones que tiendan a mejorar la educación en México".
El secretario les dijo que es obligación escuchar todas las voces, expresiones o posicionamientos, que en materia de gobernabilidad se expresen, así como "garantizar la libertad de sus voceros".
Señaló que para continuar el diálogo, es necesario que en lo sucesivo "cualquier inconformidad sea canalizada de forma pacífica y sin alterar derechos de terceros".
El documento tiene las rúbricas del titular de Gobernación, del subsecretario de Gobierno, así como de los dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca: Rubén Núñez y Francisco Villalobos; de la Sección 18, de Michoacán; Juan José Ortega y Gonzalo González; de la Sección 9 del DF, Francisco Bravo; de la Sección 14 de Guerrero, Gonzalo Juárez, y de la Sección 7 de Chiapas, Anselmo Vázquez, entre otros.
No obstante, el 19 de septiembre, los maestros dijeron que firmaron una minuta con Gobernación y el gobierno de Oaxaca, para el pago de sueldos retenidos y 15 millones de pesos para capacitación de docentes dentro del Programa para la Transformación de la Educación de Oaxaca. Pero esa minuta no existe en los archivos de la Subsecretaría de Gobierno o la Unidad de Gobierno.
'CHOCAN' CON GRANADEROS En el contexto de la celebración de inicio de la Revolución Mexicana, integrantes de la CNTE realizarán hoy miércoles una movilización nacional en rechazo a la Reforma Educativa y como reclamo a la atención de sus demandas por parte del Gobierno federal. En el DF se prevé que salgan en marcha a las 10:00 del Hemiciclo a Juárez, pasando por el monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia.
Esta manifestación se da en un ambiente de confrontación entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el magisterio disidente, pues ayer hubo una gresca entre maestros de la Sección 32 de Veracruz y la policía capitalina, cuando intentaron instalarse en las banquetas ya liberadas en días pasados.
Endurece ALDF penas para delitos en marchas
El pleno de la Asamblea Legislativa endureció las sanciones para quienes cometan los delitos de homicidio, robo, lesiones y daño a propiedad ajena durante una marcha o movilización.
Con 38 votos a favor y 6 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó modificar los artículos 123, 130, 224 y 241 del Código Penal, a fin de garantizar la paz pública y castigar "conductas violentas hacia las autoridades" durante una marcha. El artículo 130 del Código Penal del DF establece que quien cometa lesiones dolosas será castigado con una pena de entre 6 a 8 años de prisión. Ésta se elevará en una mitad cuando el delito se registre en contra de las fuerzas públicas, en una marcha.
A las sanciones por el delio de robo -que hoy van de seis meses a 10 años de prisión y multas de 60 a 600 días de salario mínimo- se sumará una pena de dos a seis años de cárcel cuando se cometa en una manifestación. Mientras que por homicidio y daño a propiedad ajena las sanciones se incrementarán en un 50%.
La aprobación de estas reformas enfrascó a los diputados del PRD en una discusión en torno a la "criminalización" que se daría a las marchas y manifestaciones, con el incremento de las penas.
