Ejecuciones, desapariciones y torturas forman parte del catálogo de las numerosas violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad mexicana, que en su mayoría han quedado impunes, lo que provocó que la violencia se exacerbara en diversas regiones de México, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW) en su informe 2012, en el capítulo que reservó para el país.
Además de este panorama, la organización advirtió que "aún persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas", sin que el gobierno tenga la capacidad para impedirlo, por lo que la impunidad aparece de nuevo.
Criticó que "el gobierno no ha brindado protección adecuada a estos grupos vulnerables ni tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas. En abril, México sancionó una ley para crear un mecanismo de protección destinado a defensores de derechos humanos y periodistas, pero aún se están diseñando los protocolos para evaluar los riesgos y asignar protección".
En México, expuso HRW, la tortura "continúa siendo una práctica generalizada en México que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas". Se aplican durante el período desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en este lapso a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos.
"Las tácticas más comunes incluyen golpizas, asfixia, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte", documentó la organización.
Informó que "uno de los factores que perpetúa este problema es la aceptación por parte de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante torturas u otros malos tratos, a pesar de que la constitución prohíbe admitir este tipo de declaraciones". Otro factor es que no se investigan ni juzgan la mayoría de los casos de tortura.
HRW fustigó que también la impunidad militar es uno de los preocupantes fenómenos en el país. Destacó que "una de las principales causas por las cuales se repiten los abusos militares es que los soldados que los cometen casi nunca responden ante la justicia. Esto se debe en gran medida a que los casos siguen siendo investigados en el sistema de justicia militar".
La Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5 mil investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles entre enero de 2007 y abril de 2012, "y durante este período los jueces militares condenaron solamente a 38 militares por violaciones de derechos humanos".
Este es el resultado de que en México se delegó "mayormente al Ejército la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos".
Entre enero de 2007 y mediados de noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió informes detallados sobre 109 casos en los cuales determinó que miembros del Ejército habían cometido graves violaciones de derechos humanos, y recibió denuncias de 7mil 350 abusos militares.
HRW insistió en que "en el marco de la lucha contra poderosos grupos del crimen organizado, las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones, desapariciones y torturas. Casi ninguno de estos abusos se investiga adecuadamente, y esto ha exacerbado el clima de violencia e impunidad que prevalece en muchas regiones del país".
A pesar de que en un fallo histórico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en agosto de 2012 la inconstitucionalidad de la aplicación de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos. "No obstante, la mayoría de los abusos cometidos por militares continúan siendo juzgados en el fuero militar, que carece de independencia e imparcialidad".
