Organizaciones civiles de derechos humanos manifestaron su preocupación por el aumento de las violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos que se han registrado en los últimos seis años, por lo que consideraron que el gobierno mexicano no saldrá bien librado del segundo Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al que será sometido México el 23 de octubre.
A hacer un balance en la materia, destacaron la persistencia e incremento en el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la tortura, el arraigo, la violencia contra las mujeres, las agresiones y atentados contra periodistas y defensores de los derechos humanos y los malos tratos que reciben los migrantes en su tránsito por México, así como el aumento en los niveles de pobreza de la población.
Al dar a conocer el informe que presentaron una treintena de organizaciones no gubernamentales a la ONU con motivo de dicho examen, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, Juan Martín Pérez García, indicó que aunado a esas graves violaciones a los derechos humanos cuya incidencia tiende a aumentar en el país, también hay una preocupante crisis penitenciaria derivada del incremento de las personas en prisión, al pasar de 219 mil 754 en 2008 a 239 mil 241 en 2012.
En conferencia de prensa, dijo que al menos mil 701 niños y adolescentes han muerto en hechos relacionados presuntamente por el crimen organizado.
Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos informó que será el 23 de octubre cuando México será evaluado por segunda ocasión ante el Examen Periódico Universal, un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos de los países. La primera evaluación de México fue en 2009.
La secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Agniezka Racynzka, señaló que a raíz de esa primera evaluación, el Estado mexicano ha incumplido con algunas de las recomendaciones hechas en aquella ocasión como la eliminación de la figura del arraigo -práctica que se sigue empleando en el sistema de justicia penal- y la aplicación del Programa Nacional de los Derechos Humanos.
"A cuatro años del Examen Periódico Universal, el Programa Nacional de los Derechos Humanos es invisibilizado, sigue sin implementarse, además de que hasta la fecha no existe una política nacional como tal y por eso creemos que es un fracaso", señaló la activista.
