Sin control, armas en México

Por cada arma legal, hay 6 ilegales o en manos de delincuentes

La posesión de armas en México es un misterio. Estudios internacionales aseguran que en este país hay 15.5 millones de armas en poder de particulares, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional tenía registradas 2.5 millones hasta 2011, que pertenecían a personas, clubes de caza y tiro, y empresas de seguridad privada.

La relación indica que por cada arma legal hay al menos 6 ilegales, o que en el país circulan de manera ilícita por lo menos 13 millones de armas que nadie sabe dónde están o en poder de quién. La presunción apunta hacia la delincuencia, pero hay ciudadanos que también recurren al mercado negro por desconocimieno de la ley para adquirir un arma en México, dice la investigadora Magda Coss, autora del libro Tráfico de armas en México (editorial Grijalbo, 2011).

El juicio de las autoridades mexicanas señala siempre hacia Estados Unidos como punto de origen del tráfico ilegal de armas, pero México tampoco ha asumido su parte de responsabilidad en la atención del problema, que pasa por la corrupción de los cuerpos de seguridad y los vacíos legales.

En opinión de los expertos, las autoridades y el Congreso han delegado el tema en la larga lista de pendientes a legislar en materia de seguridad pública y el resultado es un vacío legal para el control más estricto de armas en el país, que además impide conocer la dimensión real del tráfico y la posesión.

Legisladores de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados asumen que la posesión de armas de fuego en México es un problema grave, cuya dimensión se proyecta en el número de homicidios que involucran su uso: al menos 5 de cada 10 asesinatos dolosos en México se cometen con arma de fuego, y la relación llegó a 6 de cada 10 entre 2009 y 2011, los peores años de la violencia en el país, a causa de la ofensiva federal contra el narcotráfico.

No obstante, la preocupación, el tema no ha sido abordado en las tres únicas reuniones de trabajo que ha sostenido la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, aunque prometen que formará parte de la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero.

Por lo pronto, la investigadora Arlene Ramírez, del Tecnológico de Monterrey, advierte que México puede aprovechar la reciente aprobación de la ley de control de armas en Nueva York para impulsar de nuevo el tema en la agenda binacional, aprovechando el perfil del nuevo embajador mexicano, Eduardo Medina Mora, quien se desempeñó como procurador general de la República en el sexenio de Felipe Calderón y titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox.

La paja en ojo ajeno

El gobierno mexicano insiste recurrentemente en el ingreso ilegal de armas por las fronteras sur y norte. Pero poco o nada dice de las armas oficiales que terminan en manos de la delincuencia, y que no son pocas.

De las 69 corporaciones policiacas en el país -federales y estatales-- "desaparecieron" por robo o extravío 12,662 armas de 2006 a junio de 2011: un promedio de 2,110 al año ó 6 al día, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la solicitud de información 0000700094511.

Nada se sabe sobre el destino de esas armas ni de las investigaciones al respecto. Ni la Procuraduría General de la República ni la Sedena reportan datos al respecto en sus informes de rendición de cuentas 2006-2012, que sí arrojan números sobre el aseguramiento de armas en las operaciones contra la delincuencia. La PGR incluso da cuenta del "aseguramiento y desmantelamiento" de 24 fábricas de armas en el país: 23 en 2007 y una en 2010.

A pesar del descuido o la debilidad de las policías para el buen resguardo y manejo de las armas, y dado el escenario de violencia de los últimos seis años, la Sedena transfirió a los gobiernos estatales 12,717 armas de "calibre superior" o "funcionamiento automático" para enfrentar a la delincuencia y entregó 1,944 más en comodato. Sin embargo, sólo aplicó 4,606 evaluaciones de destreza en manejo de armas a casi 500 mil policías que hay en el país.De esta forma, las corporaciones que perdieron 12,662 armas en un sexenio, ganaron otras 14,661.

Para la investigadora Magda Coss, autora del libro Tráfico de armas en México (editorial Grijalbo), el problema es la corrupción que persiste en las transferencias legales de armas, pues muchas veces el armamento que debe llegar a las policías se desvía de manera ilícita y premeditada para abastecer el mercado negro, porque no hay un seguimiento adecuado de ese armamento.

Para los legisladores federales José Guillermo Anaya y Felipe Camarena, presidente y secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, estas cifras son inaceptables y aseguran que el tema formará parte de la agenda legislativa.

"Tendremos que cuestionar esta situación", dice el legislador panista Guillermo Anaya, y Felipe Camarena, diputado por el PVEM, advierte: "Debemos tomar medidas para tener un mayor control porque no es posible que los cuerpos de seguridad pierdan las armas", dice Camarena, diputado por el PVEM. Nada más.

Corrupción y falta de controles

La falta de control y la corrupción que se presume en torno de las transferencias legales de armas no son recientes. Desde 2007 un estudio elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) advirtió sobre el problema.

"La debilidad institucional para ejercer un control adecuado y efectivo de los arsenales, la recurrente acusación de que existen altos niveles de corrupción de los cuerpos policiales y militares, la presunta penetración del narcotráfico en las estructuras de poder local, y la ausencia de controles adecuados que garanticen transparencia en la gestión de muchas dependencias del Estado ofrecen un terreno propicio para la proliferación de armas y su comercio ilegal", se lee en el informe "Armas pequeñas y livianas: una amenaza a la seguridad hemisférica".

En ese documento la misma Magda Coss, entonces consultora para la organización internacional Oxfam, señaló las "deficiencias" en el control de los arsenales de las policías en diversas entidades del país, así como en el registro de las licencias y permisos otorgados por la Sedena para la utilización de armas de fuego por civiles y empresas privadas de seguridad.

Desde 2001, dice, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones a la Sedena respecto de las deficiencias en el registro de armas en el país, por la falta de control, obsolescencia y duplicidad de datos.

"La ASF advirtió que había información duplicada o inconsistente en registros filmograbados y en base de datos", explica la investigadora.

Aunque la Sedena aseguró después que ya había solventado estas observaciones, dice Coss, lo cierto es que todavía hoy no hay una cifra única de armas registradas, porque la misma dependencia ha difundido números distintos.

En su libro, Coss asienta que el registro de la Sedena suma 4.2 millones de armas, que "fue la cifra que me dieron en entrevista", pero en el documento "Legislación sobre la posesión y portación de armas de armas de fuego desde una perspectiva comparada", el Insituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM anota que hasta mayo de 2011 había registradas 3.1 millones de armas, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0000700068811.

Sin embargo, la misma Sedena respondió a la solicitud de información 0000700094511, que en su registro había 2.4 millones de armas hasta junio de 2011.