La propuesta original de Reforma Fiscal eliminaba la deducibilidad de las reservas de las empresas de seguros. Cuando en una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial se advirtió que esta medida quebraría de un solo golpe a todas las aseguradoras del país, el secretario de Hacienda reconoció que la medida era un error, pero que ya se estaban tomando medidas para corregirla. La disposición ya no quedó en la reforma final.
La iniciativa inicial también consideraba gravar con IVA las importaciones temporales de las maquiladoras. Hacienda proponía que este impuesto se devolviera después de algunos meses y tras un trámite burocrático ante Hacienda. Sus economistas no se habían dado cuenta de que el simple costo financiero acabaría con cientos o miles de maquiladoras. Al final la medida se ha modificado gracias a la intervención de una Secretaría de Economía a la que no se permitió conocer la iniciativa antes de su presentación.
Hacienda pedía también que los accionistas fueran considerados responsables con su patrimonio personal de las deudas fiscales de sus empresas, lo cual habría eliminado la razón fundamental de la existencia de una compañía: la limitación de la responsabilidad personal. También quería la facultad de revisar dos veces el mismo ejercicio de un contribuyente, pasando por alto el principio jurídico de definitividad de un acto de autoridad. Las dos medidas fueron retiradas.
Los cuestionamientos al aumento generalizado de impuestos son naturales, pero estos errores técnicos resultan bastante inusuales para una Secretaría de Hacienda que ha sido tradicionalmente muy profesional. Al parecer una de las razones es que el gobierno de Peña Nieto ha renunciado a la revisión de sus iniciativas en el gabinete presidencial.
El desastre económico de los años ochenta se originó en parte producto de la decisión del presidente Luis Echeverría de centralizar las decisiones hacendarias. Hugo B. Margáin renunció a la Secretaría de Hacienda en 1973 señalando que el país había llegado a un límite en su endeudamiento, a lo que se dice que Echeverría respondió: "A partir de hoy la economía se maneja desde Los Pinos." José López Portillo mantuvo la centralización. De hecho, su decisión de nacionalizar la banca no fue consultada ni con el secretario de Hacienda, Jesús Silva-Herzog Flores, ni con el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera.
Carlos Salinas de Gortari hizo, en cambio, un gobierno de gabinete en que las decisiones cruciales eran discutidas con presentaciones formales y documentación por secretarios y subsecretarios. Un callado, pero metódico jefe de la oficina de la presidencia, José Córdoba, se encargaba después de asegurar que realmente se aplicaran las medidas acordadas en el gabinete,
Peña Nieto ha regresado a los tiempos de las decisiones centralizadas. La Reforma de Telecomunicaciones no fue siquiera discutida con el secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El secretario de Cconomía, Ildefonso Guajardo, se enteró de los detalles de la Reforma Hacendaria cuando éstos se divulgaron públicamente. Peña Nieto ha tomado sus decisiones de manera privada con uno o dos secretarios, usualmente Luis Videgaray, quienes después negocian los detalles con los líderes de los partidos políticos en el Pacto por México. No ha habido discusión en el gabinete.
Muchos errores podrían haberse evitado si el Presidente hubiera tenido un gobierno de gabinete. Es más fácil detectar problemas en decisiones complejas cuando éstas se discuten con especialistas.
APURARSE A GASTAR
Los diputados se apuran a gastar dinero que no habían usado. Lo mismo hacen los funcionarios. Que no quede dinero sin gastar porque, ¡horror!, habría que devolver el dinero a Hacienda. Nadie se preocupa de que los recursos sean de los contribuyentes.
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