Para evitar enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, la Legislación vigente contempla la obligatoriedad de presentar una declaración patrimonial, aspecto con el que cumple la gran mayoría de los sujetos obligados. El problema es que no se hace una supervisión, por lo que no es posible determinar si lo que declararon es verdad.
El auditor superior del Estado, Luis Arturo Villarreal Morales reconoció que no se da seguimiento a las declaraciones de modificación patrimonial que presentan los servidores públicos, ya que el personal de este organismo se enfoca primordialmente en la revisión de las Cuentas Públicas.
En este sentido, reconoció que falta concretar la supervisión de las declaraciones patrimoniales de los servidores, mismas que se presentan con el objetivo de que, al tener un cargo público, no acumulen propiedades que no corresponden a los sueldos que tienen, comentó.
Ante la falta de personal, la EASE se limita a verificar que se cumpla con la obligación de presentar esta información ya que "desafortunadamente ir más allá implica recursos; la obligación es de presentarla, pero falta cerrar la pinza", añadió.
Al respecto, el entrevistado destacó que únicamente el siete por ciento de quienes están obligados, incumplen con la presentación de la declaración de su situa ción patrimonial.
El incumplimiento amerita una sanción económica que va de los 100 a los 600 días de salario mínimo.
Finalmente, Villarreal Morales destacó que próximamente entrará en funciones la Comisión Anticorrupción a través de la cual se podrá hacer una supervisión efectiva de las declaraciones patrimoniales y los ciudadanos podrán presentar denuncias de posible enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
