El espacio público es un concepto que forma parte de los procesos de democratización de los países, no es nuevo dentro de la ciencia pero ha sido retomado recientemente como parte de la innovación democrática, sobre todo en naciones como la nuestra marcada con un pasado autoritario; es un concepto que abre paso a la pluralidad de ideas y acciones, al reconocimiento de la diversidad cultural.
Espacio público no refiere sólo a una definición territorial, física, sino al conjunto de ámbitos en que se desarrolla el quehacer humano que tienen que ver con la colectividad, con los asuntos públicos, es decir, los temas que nos competen a todos los individuos que complementan, y no que oponen como algunos piensan, a los asuntos privados; comprende ideas, credos, valores y demás expresiones subjetivas creadas por el hombre, que a su vez tienen una conexión con lo objetivo, con el territorio, con las acciones que se realizan y demás formas de materialización de su vida.
Durante mucho tiempo creímos, o nos hicieron creer, que el espacio público era un asunto que sólo correspondía a los gobernantes, que éstos eran los únicos autorizados para decidir sobre los temas de interés público; esto no significaba que los ciudadanos en tanto individuos comunes no tuviésemos derecho a expresarnos, ya que lo hacíamos a través de los representantes que elegíamos.
Ciertamente, en aquellos momentos, no del todo desaparecidos, teníamos dificultades para manifestarnos porque de alguna forma éramos reprimidos, sólo podíamos hacerlo a través de los mecanismos institucionalizados y éstos eran copados por los gobernantes autoritarios, vivíamos dentro de una democracia simulada en la que el acceso al espacio público era restringido.
Pero ahora estamos en una fase de transición democrática, donde el espacio público ya no es el coto de los gobernantes, sino que a él también acceden los ciudadanos comunes, algo que quizá ocurre porque en algunos ámbitos del ejercicio gubernamental se ha perdido legitimidad, es decir, credibilidad en los actos de gobierno y en los mismos gobernantes, observamos una no coincidencia entre quienes toman las decisiones sobre los asuntos públicos y los ciudadanos beneficiados, o perjudicados, de esas decisiones.
Algunas personas definen esta cuestión como déficit en la gestión gubernamental, quizás porque también algunos de los problemas que se presentan en el país, en alguna región o localidad, rebasan las capacidades institucionales para resolverlos, o son asuntos que se rezagaron, sea por omisión, negligencia u otra razón, y en este momento quienes están al frente de las instituciones responsables de atenderlos carecen de los medios para hacerlo.
Es entonces que los ciudadanos afectados por esos problemas reclaman soluciones a los gobernantes responsables de atenderlos, y éstos, a su vez, demandan la corresponsabilidad de los ciudadanos, de modo tal que si no se resuelven se tensionan las relaciones entre unos y otros, sobre todo si se carece de mecanismos de diálogo e interlocución, si una de las partes se cierra y aferra a sus posturas, si no prevalece la propuesta sobre la descalificación.
Si observamos el espacio público a nivel local, en el ámbito en que vivimos, por decir el caso más visto en los medios y en el sentir de su población, quizás por el tamaño de la misma y los recursos que opera, el gobierno saliente de Torreón mostró un claro déficit de gestión gubernamental, con un alcalde ausente en gran parte de su período que mostró una administración municipal ineficaz en algunas de sus áreas, propiciando que algunos grupos de ciudadanos, individuos comunes, ocuparan el espacio público. Sólo el alcalde sabe por qué generó ese vacío, y probablemente, como algunos lo expresan, se originó en el serio problema de inseguridad; el asunto es que, validada o invalidada su gestión, lo interesante de esta situación es la emergencia de grupos o asociaciones ciudadanas que realizan un ejercicio de acción colectiva que ocupa algunos ámbitos del espacio público, el espacio que no es sólo de los gobernantes como otrora se mal pensó, sino de los ciudadanos.
Es el caso de los ciclistas como Ruedas del Desierto y otros grupos, los paseantes de Moreleando, los regionalistas de ELLA o los de Laguna yo te Quiero que recientemente emprendieron acciones cívicas de impacto regional, por mencionar algunos que se suman a los ambientalistas agrupados en Encuentro Lagunero Ciudadano que ya operaban demandando soluciones a problemas como la sobreexplotación del acuífero, la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas u otras, sin menospreciar las acciones colectivas realizadas por ciudadanos en sus barrios, colonias y comunidades para enfrentar la inseguridad o apoyar las víctimas de ésta, y otros que omitimos por espacio o desconocimiento, o los tradicionales grupos empresariales que también exigen respuesta a la inseguridad y al déficit de inversiones.
Desde luego, no son sólo problemas que aquejan a la ciudad o al municipio de Torreón, ni todos son responsabilidad de su alcalde resolverlas, de hecho, entre las que le correspondían a algunas dio cauce, como el Paseo Colón, o a otras omitió, como Jimulco, y en gran parte no es un asunto municipal sino regional, o incluso nacional; la cuestión relevante es, como señalamos, el surgimiento de un nuevo capital social que se involucra en el espacio público y con ello contribuye a reconstruir el deteriorado tejido social.
Así, los ciclistas o paseantes deben verse sólo como ciudadanos que recuperan por iniciativa propia los espacios, física y culturalmente, de la ciudad, pero también ponen en la mesa para analizarse y tomar decisiones sobre la movilidad sustentable, un asunto de pleno interés colectivo, como lo hemos hecho los ambientalistas que buscamos recuperar los seriamente deteriorados recursos naturales, algo que los gobernantes inteligentes deben retomar y enriquecer en sus programas y actos de gobierno, puesto que cerrar o pretender cooptar estos nuevos ejercicios significa que piensan fuera del contexto de la innovación democrática que vive el país.
