Delitos electorales. Las denuncias que recibe la Fepade son en relación al proceso electoral y se derivan de desvíos de recursos y entrega de despensas.
Dentro del proceso electoral para la renovación de alcaldes se han recibido 27 denuncias sobre desvío de recursos y repartición de despensas en Coahuila, informó la Subprocuraduría de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
El titular de esta subprocuraduría, Horacio Cavazos Cadena dijo que las denuncias de tipo electoral han sido puestas en municipios como Torreón en donde hay dos casos referentes a la repartición de despensas, así como en Matamoros en donde ciudadanos presentaron 6 denuncias, también por repartición de despensas a favor de un partido político.
En el caso de la región Centro hay 3 quejas que seguirán el proceso penal oral que ya ha sido aplicado en esa región.
Cavazos Cadena, dijo que todos los expedientes han sido integrados, pero ninguno se ha resuelto, ya que se encuentran en la etapa de investigación.
"Son delitos electorales que denuncian, pero nosotros tenemos que realizar una investigación, citar a declarar y revisar si hay un delito", explicó Horacio Cavazos.
Los partidos políticos que han acudido a la Fepade a denunciar han sido el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), y Partido Primero Coahuila (PPC).
El subprocurador dijo que espera que el día de la jornada electoral se incremente el número de denuncias.
La pena máxima por el uso de los programas sociales a favor de un partido político o candidato puede ser de hasta 6 años de cárcel.
Asimismo, la Fepade proporciona dos número telefónicos para realizar cualquier tipo de denuncia de esta índole: 01 800 831 78 78 y 4 81 97 87.
Cabe recordar que durante la última elección local, de gobernador y diputados locales, se presentaron 36 quejas en total.
Denuncias
La Fepade ha recibido 27 denuncias electorales.
⇒ Los partidos que han acudido a la dependencia para ese propósito son el PAN, PRD, PT y PPC.
⇒ El uso de programas sociales para beneficiar a un candidato es un delito y se castiga hasta con 6 años de cárcel.
