Más allá de los agrios cuestionamientos de los legisladores de cara a la actuación de la dependencia en favor de los damnificados por los huracanes "Ingrid" y "Manuel", la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, podría confrontar en su comparecencia ante Comisiones del Congreso inquisitorias adicionales sobre una sospechosa licitación.
Estamos hablando de la posibilidad de renovar 13 mil 239 equipos de cómputo para las oficinas centrales de la dependencia, sus delegaciones, órganos desconcentrados y entidades del sector como Diconsa, Fonart, Inapam, Liconsa y Oportunidades.
Aunque el proyecto hablaba de requerirse equipos de última generación, la instancia le está adjudicando el contrato a una empresa que ofrece procesadores de segunda generación, es decir, Intel Cora i5 pese a que desde el año pasado existen los Intel Cora i7.Aunque hasta hoy existe sólo un oficio de adjudicación, los responsables de la entrega del contrato han redactado un documento en que se plantea como la opción única a la empresa Centro de Productividad Avanzada.
El monto del contrato, bajo la modalidad de invitación directa, se acerca los 400 millones de pesos.
El problema es que el balance sólo apunta hacia las ventajas económicas, soslayando la calidad tecnológica, el soporte técnico y el respaldo de las empresas contratantes.
Según ello la firma aceptará un "enganche" de 50 millones 171 mil 96 pesos, cubriéndose el resto en abonos chiquitos durante los 36 meses que dure el contrato, al margen de fluctuaciones por incrementos en la inflación o devaluaciones de la moneda.
Casi el paraíso.
Sin embargo, a lo largo de la ruta el costo se elevaría a 712 millones 853 mil pesos.
El razonamiento para favorecer a la firma parte de un comparativo de costos en licitaciones similares realizadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y el Servicio de Administración Tributaria.
De acuerdo a éste, el costo más económico por equipo, multiplicado por los 13 mil 239 requeridos, sería el obtenido por la empresa pública, cuyo monto fue de 573 millones 513 mil pesos, es decir, 19.65% menos.
Sin embargo, se aduce que requirió de dos proveedores, cubriéndose los servicios de mantenimiento en forma independiente, y que los procesadores tienen 50% más de capacidad de lo que reclama Sedesol. El siguiente contrato más económico fue el adjudicado por Comunicaciones y Transportes al Centro de Productividad Avanzada. Estamos hablando de 590 millones 533 mil pesos, es decir, 16.26% menos.
Convocada para ofrecer una cotización, la empresa planteó un pago mensual de 9 millones 901 mil 216 pesos, que según el documento es casi la mitad de los costos del mercado.
La "recomendación" habla de que al contratar a la empresa "se estaría atendiendo los criterios de economía y oportunidad en el ejercicio del presupuesto de la Secretaria".
Más barata, pero menos moderna.
BALANCE GENERAL
La comparecencia de la titular de la dependencia ante las Comisiones de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, será el lunes.
El martes pasado, sorpresivamente después de su inclusión en el Índice de Precios y Cotizaciones, el costo de la acción de la empresa IEnova sufrió una caída significativa, atribuible a su salida de la licitación para construir y explotar un ducto de gas natural al que se conoce como Los Ramones II.
A la cita, pese a que había cuatro asientos en la mesa, sólo acudió un consorcio integrado por Gas de France y Enagás, de propiedad española, quienes decidieron unirse en el último minuto.
Además de IEnova, firma encabezada por Carlos Ruiz Sacristán, faltó la firma Transacanadá.
La razón que provocó el desdén fueron las exigencias de la empresa pública de tener el 30 por ciento de las acciones de la compañía que operará el colosal engranaje de tuberías, además de tener voto de calidad.
De hecho, se podría rescindir el contrato si así lo determinara Pemex.
CóNCLAVE DE GURúS
La semana próxima, en el marco del vigésimo aniversario de la autonomía del Banco de México, reaparecen, juntos, los funcionarios que manejaron las finanzas del país durante gran parte de ese lapso.
Estamos hablando de los exsecretarios de Hacienda, Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz, además del exgobernador del Banco de México, Miguel Mancera.
Este último ha mantenido una presencia pública discreta tras aquella trágica noche del 18 de diciembre de 1994 en que se decidió la macrodevaluación de la moneda, sin escucharse sus argumentos. El funcionario padecía una fuerte gripe que lo obligó a mantenerse con abrigo y bufanda en la áspera sesión en que el entonces secretario de Hacienda, Jaime José Serra Puche, le solicitaba su opinión a los presidentes de los organismos empresariales.
Aunque los ponentes, moderados por el subgobernador del Banco Central, Roberto del Cueto, hablarán sobre el entorno de la autonomía, seguramente habrá preguntas sobre la actual condición del país en el entorno hacendario.
Pedro Aspe y Francisco Gil Díaz fueron maestros del actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray… quien saltó al escenario político, justo, trabajando bajo las órdenes del primero.
INSISTEN EN EL IDE
La sorpresa la está dando la bancada panista en la Cámara de Diputados al exigir que no desaparezca el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), cuya utilidad práctica era detectar posibles evasores fiscales que se cobijan en la informalidad.
Como usted sabe, el tributo, con una tasa de dos por ciento acreditable en las declaraciones mensuales o anuales, apuntaba a depósitos superiores a 25 mil pesos.
La embestida panista, sin embargo, apunta más al terreno político. Según ello, el IDE permitirá detectar depósitos en efectivo en casos como el de 2009 en que se descubrió a 59 legisladores que ampliaron sus ingresos por esa vía… sin declararlos a la Secretaría de Hacienda.
Se habla también de aquel sospechoso envío de 20 millones de pesos en efectivo que llevaban en una maleta funcionarios del gobierno de Veracruz detectados en un vuelo que había llegado al aeropuerto de Toluca.
La Suprema Corte declaró constitucional al IDE.
IED RÉCORD
De acuerdo al cálculo de Proméxico, este año la Inversión Extranjera Directa al país podría llegar a 35 mil millones de dólares, 10 mil millones más a la registrada en el 2001, el mayor flujo en la historia reciente.
Sin embargo, más de la mitad de la cifra la explica la operación por medio de la cual la empresa belga-brasileña AB InBev se engulló al grupo Modelo.
La operación se pactó en 20 mil 150 millones de dólares.
