Irma Ramírez Solano, encargada de despacho del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reconoció que en la región sur de Tlaxcala operan grupos ciudadanos de autodefensa, sin embargo no detalló en qué municipios, ni el número de los mismos.
Al término de la inauguración del foro estatal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia señaló que estos grupos de ciudadanos organizados se encuentran localizados en los municipios que colindan con el estado de Puebla por el lado sur.
Sin precisar el número de estas organizaciones de pobladores, la funcionaria señaló que "la información la tiene el secretario de Gobierno" y reconoció que sólo tienen conocimiento de que son grupos de ciudadanos organizados que tratan de defenderse.
"Los grupos de autodefensa no son legales, no tienen la posibilidad legal de usar armas, de hacer retenes, o sea no es aceptado (...) generalmente son municipios que están colindantes con Puebla", señaló.
Debido a esta situación aceptó que como Gobierno tienen "prendidas alarmas" en materia de seguridad pública, y adelantó que hoy viernes sostendrán reunión los secretarios ejecutivos de seguridad pública de la zona centro del estado, para coordinarse y evitar el funcionamiento de estos grupos.
Las jurisdicciones colindantes de Tlaxcala con Puebla por la región sur son: San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, Zacatelco, Xicothzinco, Tepetitla, Mazatecochco, entre otros.
Visitará CNDH a autodefensas
El próximo lunes un equipo de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitará comunidades de la Costa Chica del estado de Guerrero, como parte de la investigación que realiza sobre la presencia de autodefensas, sobre cuya existencia el organismo reiteró su rechazo.
El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, recibió al dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio y su comitiva, "en el marco de la investigación por las acciones y omisiones del gobierno de Guerrero, que explican la creación de los grupos de autodefensa".
El ombudsman "reiteró su postura en el sentido que debe rechazarse cualquier delegación de autoridades estatales, que implique que los ciudadanos asuman la función de garantizar el derecho humano a la seguridad pública que, por disposición de la Constitución, corresponda a éstas y reiteró la necesidad que el Estado actúe para recuperar la seguridad en las comunidades".